La Fiscalía General de la Nación formuló acusación este jueves ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, a raíz de las decisiones administrativas emitidas en el marco de la Licitación Pública No. 001 de 2023.

La licitación, estructurada por un valor superior a los $599.000 millones, tenía como objeto «la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión y entrega de etiquetas de visas colombianas».

Según el documento acusatorio, una vez agotadas las etapas de la normativa contractual, el Comité Evaluador concluyó que «la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje», motivo por el cual recomendó adjudicar el contrato a dicho oferente, integrado por firmas como Thomas Greg & Sons y Thales.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que Leyva Durán expidió la Resolución No. 7485 el 13 de septiembre de 2023, documento con el cual «declaró desierta la licitación, pese a la existencia de un proponente habilitado».

El ente investigador precisó que las justificaciones invocadas por el entonces funcionario sobre una «supuesta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad no constituían fundamento legal suficiente para impedir la adjudicación».

El reporte detalló que el 14 de septiembre de 2023, tras un recurso de reposición interpuesto por el representante del oferente, el exministro profirió la Resolución No. 7540 que «mantuvo la declaratoria de desierto del proceso licitatorio».

Ese mismo día, Leyva emitió la Resolución No. 7541, a través de la cual «declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio». La Fiscalía estableció que esta decisión «se adoptó sin el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos».

Durante la diligencia judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores resultó «reconocido como víctima». Como etapa procesal siguiente, la Sala Especial de Primera Instancia «deberá convocar a las partes e intervinientes para la celebración de la audiencia preparatoria» de esta actuación penal.

/Colprensa.