Entregan restos de víctimas de desaparición forzada en el Cesar
En un acto cargado de simbolismo y memoria, autoridades judiciales y entidades territoriales acompañaron en Valledupar la entrega digna de los restos de Gloria Patricia Grajales Vanegas y Edwin Rafael Sarmiento Molina, víctimas de desaparición forzada en hechos atribuidos a estructuras del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las diligencias se llevaron a cabo en el auditorio del Archivo Departamental, bajo la coordinación de la Fiscalía, a través de sus unidades especializadas en búsqueda e identificación de personas desaparecidas, con el apoyo de instituciones como la Gobernación del Cesar y la Unidad para las Víctimas.
De acuerdo con lo expuesto por el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, estos espacios buscan no solo cumplir con un procedimiento judicial, sino aportar a la verdad y la reparación de las familias afectadas. “Aquí los responsables reconocen los hechos, piden perdón y contribuyen a esclarecer lo ocurrido”, señaló durante la audiencia.
Los crímenes fueron admitidos por exintegrantes del grupo paramilitar, entre ellos Salvatore Mancuso, dentro del proceso de Justicia y Paz, mecanismo que permite avanzar en la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto armado.
Según información oficial, Gloria Patricia Grajales fue desaparecida el 27 de abril de 2002 en el municipio de Bosconia, tras ser sacada de un establecimiento público. Por su parte, Edwin Rafael Sarmiento, de 18 años, desapareció el 11 de mayo de 2004 en Valledupar, cuando se dirigía a cumplir con su servicio militar. Sus restos fueron hallados años después en zona rural de La Jagua de Ibirico.
Juana Pacheco, de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, destacó que estos procesos constituyen un avance en la reparación integral de las víctimas. “Las entregas dignas son fundamentales para reconocer la humanidad de quienes fueron desaparecidos y para saldar, en parte, la deuda con sus familias”, afirmó.
Por su parte, el magistrado José Haxel De La Pava Marulanda, advirtió sobre la magnitud de los crímenes cometidos en la región durante los años más críticos del conflicto, señalando que muchas de las víctimas fueron estigmatizadas sin fundamento y asesinadas en medio de una lógica de violencia indiscriminada.
Durante las ceremonias, los familiares reiteraron su exigencia de justicia y pidieron que los responsables reciban las sanciones correspondientes, aun cuando varios de ellos se encuentran acogidos a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
Las autoridades departamentales insistieron en que continuarán fortaleciendo las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo que subrayaron la importancia de preservar la memoria histórica como garantía de no repetición.