ONU advierte avances desiguales en la paz y riesgos de seguridad en elecciones
En medio del inicio del ciclo electoral en Colombia, el más reciente informe de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia advirtió que la implementación avanza de forma desigual y que persisten riesgos de seguridad en distintas regiones del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.
El informe, que abarca el periodo entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026 y será presentado el próximo 21 de abril en Nueva York, destacó que, aunque las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron “en gran medida de forma pacífica”, la violencia y la presión de actores armados continúan afectando la participación política en territorios vulnerables.
De acuerdo con la Misión de Verificación, al menos 185 municipios enfrentaron riesgos electorales, de los cuales 94 fueron catalogados como de riesgo extremo, en gran parte por la presencia de grupos armados y la débil presencia del Estado.
El informe advirtió que el conflicto armado sigue impactando a la población civil en varias regiones. Durante el periodo analizado, se registraron desplazamientos masivos, confinamientos y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, con especial intensidad en zonas como Catatumbo, Cauca y Guaviare.
Entre el 27 de diciembre y el 20 de marzo, más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en diferentes territorios.
Además, la Misión verificó el asesinato de cuatro ex combatientes, quedando en 491 el total desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
A esto se suman 24 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos y 32 denuncias de masacres en proceso de verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El documento también señaló que las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, siguen siendo uno de los principales motores de la violencia en los territorios.
En materia de implementación del Acuerdo, el informe reconoció avances en la reforma rural, especialmente en la entrega y formalización de tierras. Hasta marzo de 2026, se habían entregado más de 323.000 hectáreas y formalizado cerca del 56% de la meta establecida.
Sin embargo, advirtió que estos avances no han sido suficientes para transformar las condiciones estructurales en las zonas más afectadas por el conflicto, donde persisten altos niveles de violencia y débil presencia estatal.
Además, casi una década después de la firma del Acuerdo, más de 11.000 ex combatientes siguen vinculados al proceso de reincorporación, aunque enfrentan dificultades en acceso a tierra, vivienda y sostenibilidad económica.
El informe destacó que el 85% de ellos vive fuera de los espacios territoriales, lo que planteó nuevos retos para su estabilización y seguridad.
Además, la pérdida de representación política del partido Comunes en el Congreso marcará un nuevo escenario para la participación política de los firmantes del Acuerdo, sumado a la tensión actual de cara a las nuevas elecciones presidenciales.
El informe insistió en que, aunque Colombia es hoy un país más pacífico que antes de 2016, la consolidación de la paz dependerá de acelerar la implementación integral del Acuerdo, el cual sigue siendo la principal hoja de ruta para enfrentar las causas estructurales del conflicto.
BOGOTÁ, (Colprensa).