Ofensiva militar subió 34,5% pero la FIP advierte que no será suficiente
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) reveló este martes que las acciones de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales aumentaron un 34,5% en 2025, al pasar de 174 operaciones en 2024 a 234, el registro más alto desde 2020, cuando se contabilizaron 215 acciones durante el Gobierno Duque.
Sin embargo, el director del área de Conflicto y Seguridad de la entidad, Javier Flórez, advirtió que este incremento operacional no es suficiente para desmantelar organizaciones cada vez más fragmentadas, híbridas y con portafolios criminales diversificados.
El viraje contrasta con 2023, cuando la presión militar cayó a su punto más bajo desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, con apenas 80 acciones registradas en el DATEO de la FIP, año en que el Gobierno expidió un decreto de cese al fuego bilateral con los cinco grupos ilegales más grandes del país, acuerdo que se rompió con el ELN y el Clan del Golfo.
El cambio de tendencia coincidió con la llegada del general en retiro Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa en marzo de 2025 y con el relevo de la cúpula militar para 2026, que el propio Gobierno presentó como un ajuste de estrategia con prioridad en la seguridad pública.
“La reactivación de la ofensiva responde a una combinación de factores como, por ejemplo, el fracaso del modelo de la Paz Total, la presión internacional por resultados concretos en seguridad y narcotráfico, y un contexto político-electoral que exige mostrar control territorial”, señaló Flórez.
La FIP documentó que en el último cuatrienio casi se duplicaron las zonas en disputa entre actores ilegales y los integrantes de las estructuras aumentaron un 85%, hasta sumar más de 27.000 miembros entre personas en armas y redes de apoyo. Bajo ese panorama, la ofensiva muestra el distanciamiento del Ejecutivo respecto a su apuesta inicial por una salida negociada al conflicto.
“Más que un giro ideológico, la actual ofensiva es un ajuste pragmático en el que el Gobierno reconoce en el fondo que sin presión efectiva sobre las estructuras criminales no hay condiciones reales para negociar nada y mucho menos para gobernar efectivamente los territorios”, agregó Flórez.
Sí hay resultados que deben reconocerse
Solo en marzo se registraron: el bombardeo contra el jefe del Estado Mayor Central (EMC), Iván Mordisco, en Vaupés; la caída en Vichada de alias Samuel, jefe financiero del Bloque Amazonas del EMC; el golpe a una red de comunicaciones del Clan del Golfo en Tierralta; la captura de alias “Cakín” en la operación Cronos contra “Los Flacos”, y la operación Espejo en la frontera con Ecuador, que reportó la destrucción de decenas de laboratorios ilegales. En febrero se incautaron además 190 granadas adaptadas para drones en el Meta.
La agenda del ministro Sánchez en Estados Unidos en enero de 2026 se enfocó en inteligencia, tecnología y una hoja de ruta conjunta contra el narcotráfico. Tras la reunión Petro-Trump del 3 de febrero, la conversación bilateral volvió a poner la seguridad en el centro, lo que resultó en mayor presión sobre objetivos de alto valor y operaciones de interdicción.
La FIP advirtió que el país enfrenta redes más flexibles, alianzas cambiantes, mandos intermedios con autonomía relativa y portafolios criminales que mezclan narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control social y tecnologías emergentes como drones. En ese entorno, una operación puede producir un golpe sin traducirse en desmantelamiento sostenible.
Para convertir la ofensiva en desmantelamiento, la FIP planteó que se requiere articular la presión militar con inteligencia financiera, judicialización efectiva, control territorial estable, sustitución de economías ilícitas, intervención sobre corredores logísticos y coordinación entre política de seguridad, política criminal y política de desarrollo rural. Sin esa articulación, advirtió la fundación, las estructuras se regeneran, se fragmentan o migran hacia otras rentas y territorios.
“En el corto plazo, se puede recuperar iniciativa, afectar capacidades marginales y enviar señales de autoridad estatal. Pero el desmantelamiento estructural no ocurre en meses. El próximo gobierno recibirá un escenario más complejo asociado a grupos más grandes, más fragmentados, con mayor diversificación de rentas, entre otras características. El reto será pasar de una ofensiva reactiva a una estrategia integral y articulada”, concluyó Flórez.
- COLPRENSA