$10.000 millones en abogados y $5.000 en expertos en tecnología
Por
JUAN PABLO CALVÁS
Cuando un colombiano intenta renovar su pasaporte, sacar una visa o apostillar un documento a través del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano —el famoso SITAC— y la plataforma no responde, lo que encuentra del otro lado no es el silencio de una entidad sin recursos. Es el silencio de una entidad que, entre agosto de 2025 y abril de 2026, firmó 464 contratos por un valor de 101.400 millones de pesos en gastos de operación, personal y servicios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio no han dado explicaciones satisfactorias sobre las fallas del SITAC. Lo que sí ha hecho la entidad, con toda transparencia —porque los datos están publicados en el portal de datos abiertos del gobierno—, es contratar a decenas de personas y empresas para atender, supuestamente, precisamente esos problemas.
Ante las preguntas por las fallas en el SITAC y en otros sistemas consulares, la Cancillería ha salido a hablar de ataques informáticos. Es una explicación que suena grave, que genera cierta solidaridad instintiva y que, en principio, desplaza la responsabilidad hacia actores externos. El problema es lo que revelan los contratos cuando se los mira de cerca.
Entre agosto de 2025 y este mes de abril, el Fondo Rotatorio firmó ocho contratos de ciberseguridad por un valor total de 533 millones de pesos. Contratos para asesorar el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información —el MSPI—, para mitigar vulnerabilidades críticas, para fortalecer la detección de incidentes de seguridad y para acompañar la estrategia de seguridad digital de la entidad.
Dos de esos contratos recayeron en el mismo contratista, Eguis Berrío, que sumó entre los dos 198 millones de pesos para trabajar en la estrategia de seguridad digital y en el MSPI. Otro contratista, Richard Javier Moreno Mosquera, también firmó dos contratos —por 90 millones en total— específicamente para verificar y garantizar la mitigación de vulnerabilidades críticas.
La pregunta no es si esos contratos son legítimos. La pregunta es: si la Cancillería tenía contratados especialistas dedicados a detectar y mitigar vulnerabilidades, ¿Cómo es que los ataques informáticos que alega la entidad lograron tumbar sus sistemas? ¿Qué estaban haciendo esos contratistas? ¿Y qué dice su trabajo sobre el estado real de la seguridad informática de una de las entidades más sensibles del Estado colombiano, la que maneja los documentos de identidad internacional de todos los ciudadanos?
CONTRATOS CIBERSEGURIDAD
El ejército tecnológico que tampoco pudo
La ciberseguridad es solo una parte del rompecabezas tecnológico. Sumando todos los contratos relacionados con sistemas de información, infraestructura tecnológica, desarrollo de aplicaciones y soporte técnico, el número llega a 67 contratos por 5.239 millones de pesos.
Son contratos para gestionar los sistemas de información, para administrar la infraestructura tecnológica, para desarrollar y mantener aplicaciones, para levantar requerimientos de soluciones tecnológicas, para implementar el Plan Estratégico de Tecnología —el PETI— y hasta para hacer pruebas de software. Hay incluso un contratista cuyo objeto es literalmente “brindar soporte de segundo nivel al Sistema Integral de Trámites al Ciudadano”. Ese contrato vale 58 millones de pesos.
Cuando se suman los 67 contratos de sistemas con los 8 de ciberseguridad, el resultado es un equipo de 75 personas y empresas contratadas para mantener, proteger y desarrollar la tecnología de la Cancillería. Su costo combinado supera los 5.773 millones de pesos. Y el SITAC sigue sin funcionar bien.
91 ABOGADOS: LA CANCILLERÍA COMO BUFETE
Pero si hay un dato que sobresale en esta radiografía contractual, es el de los servicios jurídicos. Entre agosto de 2025 y abril de 2026, el Fondo Rotatorio firmó 91 contratos de asesoría jurídica, apoyo en derecho y servicios legales especializados. El valor: 10.340 millones de pesos. Diez mil millones. En abogados.
Es el rubro de contratación de personas más costoso de toda la entidad en este período. Más que tecnología. Más que comunicaciones. Más que cualquier otro grupo de servicios profesionales.
¿Para qué tantos abogados? Los contratos hablan de asesoría a la Oficina Asesora Jurídica Interna, apoyo a procesos precontractuales y contractuales, representación judicial, gestión de asuntos de competencia de distintas dependencias, asesoría en derecho internacional. Cada contrato tiene su justificación individual. Pero el conjunto plantea una pregunta difícil de eludir: ¿Qué hace la planta de abogados de planta de la entidad mientras se contratan 91 más por fuera?
LA MÁQUINARIA DE PRENSA: 28 CONTRATOS
El tercer gran grupo que llama la atención es el de prensa y comunicación corporativa. Veintiocho contratos —2.859 millones de pesos— para cubrir periodísticamente la gestión del Ministerio, para crear contenidos, para manejar las redes sociales, para hacer análisis político y diplomático, para redactar comunicados. Comunicadores sociales, periodistas, diseñadores gráficos, expertos en audiovisual.
Para una entidad que, cuando se le pregunta por las fallas del SITAC, no tiene respuesta, sí tiene una respuesta amplia a la hora de contratar personas que cuenten lo que quiere contar. Veintiocho personas contratadas para gestionar la imagen de la Cancillería. Eso, mientras los consulados de Colombia en el exterior siguen reportando demoras y colapsos en los sistemas de atención al ciudadano.
El Observatorio que nadie observa
Hay otro dato que merece ser señalado. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un Observatorio de Política Exterior. Y ese observatorio tiene contratadas 35 personas —investigadores, analistas, asesores académicos— por un valor de 2.388 millones de pesos en apenas ocho meses.
El Observatorio de Política Exterior es una iniciativa legítima para una Cancillería. Pero 35 contratos en menos de un año, con personas dedicadas a investigar, a hacer seguimiento de líneas de investigación, a elaborar diagnósticos, plantea una pregunta razonable: ¿Cuánto de esa investigación se traduce en política exterior concreta? ¿Dónde están los productos de ese trabajo?
LO QUE LOS DATOS NO EXPLICAN
Los datos del SECOP son públicos. Están ahí para que cualquier ciudadano los consulte. Y lo que muestran es una entidad que destina 101.400 millones de pesos en gastos operativos, de personal y de servicios —excluida la producción de pasaportes, que tiene una lógica contractual propia— para construir una estructura de contratistas: abogados, tecnólogos, expertos en ciberseguridad, comunicadores, investigadores, financieros.
Cada uno de esos contratos tiene una justificación técnica, un estudio previo, una necesidad supuestamente identificada. Pero cuando el SITAC colapsa, cuando la Cancillería invoca ataques informáticos sin mostrar evidencia, cuando los colombianos en el exterior no pueden renovar su pasaporte a tiempo y nadie da la cara, esos contratos dejan de ser solo un dato presupuestal. Se convierten en una pregunta: ¿para qué sirve toda esa maquinaria?
La Cancillería sigue sin explicar la realidad de las fallas del sistema SITAC y ahora se suma la inquietud sobre qué hacen las 75 personas contratadas para desarrollar las plataformas tecnológicas de la entidad y garantizar la seguridad informática de las mismas.
El total de 101.400 millones excluye los cuatro contratos de producción, personalización y distribución de libretas de pasaporte, que suman 346.600 millones adicionales y corresponden a una actividad misional principal del Fondo Rotatorio./ Tomado de la Caracol/W