Petro comenzó a aplicar las “expropiaciones indirectas” en todo el país, dice Gaviria
El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, denunció que más de 400.000 hectáreas en 40 municipios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira, además de amplias zonas de la Sabana de Bogotá y 22 municipios del suroeste antioqueño, ya están siendo afectadas por figuras que —según él— equivalen a “expropiaciones indirectas”. Estas restricciones al uso del suelo, aseguró, han generado incertidumbre jurídica, desvalorización de predios y freno a proyectos productivos en minería, agroindustria y ganadería.
En un comunicado, Gaviria advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría aplicando una estrategia de limitación de la propiedad privada a través de decretos y resoluciones expedidos sin concertación con autoridades locales ni estudios técnicos. Recordó que medidas similares han sido utilizadas en países como Venezuela, con efectos graves sobre la seguridad jurídica y la inversión extranjera, mientras que en países como Chile la minería es vista como motor del desarrollo económico y de la transición energética.
Entre las principales figuras cuestionadas por Gaviria están las Zonas de Producción Prioritaria de Alimentos (ZPPAS) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAS), incluidas en el Plan de Desarrollo. Según el exmandatario, estas se han implementado de manera acelerada y afectan directamente a sectores estratégicos de la economía regional.
El caso más crítico, señaló, se presenta en Jericó (Antioquia), donde se encuentra el mayor yacimiento de cobre del país. Allí, las reservas temporales de recursos naturales renovables han paralizado el desarrollo minero y puesto en riesgo inversiones extranjeras de gran escala.
Gaviria también denunció la intención del Gobierno de declarar áreas protegidas en Bogotá y en 39 municipios de la Sabana bajo la figura de “lineamientos ambientales”, medida que fue suspendida por el Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo mantiene la orden de aplicarla “con o sin concertación”, lo que pondría en jaque proyectos clave como la ampliación del aeropuerto El Dorado, la autopista Norte, la avenida Boyacá y el Regiotram del Norte.
Finalmente, el expresidente cuestionó que se esté entregando a autoridades indígenas un poder de veto sobre proyectos de infraestructura y desarrollo, lo que calificó como “estrategias extorsivas”. Para Gaviria, estas decisiones significan un golpe a la descentralización y a la autonomía regional, por lo que llamó a alcaldes, gobernadores y diputados a defender sus territorios dentro de la legalidad.
