La convivencia social
Como siempre, a propósito de la llegada de un nuevo año, intercambiamos deseos de paz, prosperidad, alegría y éxito. Eso está muy bien. Es tradicional, y las tradiciones se deben conservar. Pero las manifestaciones de aprecio y buena voluntad –que son propias de la convivencia social– no se pueden quedar en lo puramente formal, durante las acostumbradas fiestas. Es indispensable que, de los abrazos y buenos deseos, se pase a las actitudes, las conductas, los comportamientos, las reales y efectivas acciones y abstenciones de cada uno en relación con los demás, con miras al bienestar colectivo.
La convivencia en el seno de cualquier sociedad es imposible sin un mínimo de respeto mutuo, tolerancia, reconocimiento a las distintas expresiones de la libertad y los derechos; si no se observan las normas previamente establecidas, que rigen la vida en comunidad; si no se cumplen los deberes y cargas que, según ellas, corresponden a cada uno; si las autoridades, las ramas y los órganos del poder público no asumen –con responsabilidad y dentro de la legalidad– sus funciones y obligaciones.
El Estado tiene, entre muchas otras finalidades –que justifican su existencia– la garantía de un orden jurídico, económico y social justo, que garantice el ejercicio de los derechos y deberes, con miras al interés común. Como lo proclama el ordenamiento constitucional, nuestra organización estatal tiene por finalidades primordiales el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes, en una democracia participativa, la preservación de la pacífica convivencia y la responsabilidad de asegurar la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República –como lo destaca el artículo 2 de la Constitución– están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Las relaciones laborales no pueden concebirse como enfrentamiento entre empleadores y empleados, como si fueran enemigos.
Todos, gobernantes y gobernados, funcionarios, legisladores, jueces y servidores públicos, tenemos unos deberes y unas cargas. Y todos debemos cumplir, pues de lo contrario, la convivencia en sociedad es ilusión, aunque, desde luego, el nivel de responsabilidad es mucho mayor en quienes desempeñan las funciones públicas. Por eso, el artículo 6 de la Constitución, al consagrar el principio de legalidad, indica que, mientras los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
En el campo laboral, que a todos nos afecta de una u otra manera, la convivencia y el mutuo apoyo son indispensables. Lo decimos para resaltar algo que probablemente haya pasado desapercibido en el fin de año: la excelente actitud asumida por muchos empresarios ante la decisión gubernamental de incrementar el salario mínimo para 2025, en términos reales, con miras al ejercicio del trabajo en condiciones de mayor dignidad y justicia, como lo contempla la Constitución.
Véase que, por aquello de la polarización política y la descalificación de cuanto haga el Gobierno, mientras muchos medios de comunicación y cuentas en redes sociales se dedicaron a criticar la medida, sin mayores argumentos, anunciando una catástrofe económica y el incremento de la informalidad por los mayores costos para las empresas, destacados empresarios se pronunciaron públicamente en el sentido de admitir que sus trabajadores tienen pleno derecho a una justa remuneración y a todas las garantías para ellos y sus familias.
Las relaciones laborales no pueden concebirse como enfrentamiento entre empleadores y empleados, como si fueran enemigos. Deben convivir. Unos y otros son esenciales en un sistema económico de libertad y progreso. Tienen derechos y deberes, y merecen –todos– la protección y el respaldo estatal.
*Exmagistrado* Profesor universitario