La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, un control absoluto sobre los poderes del Estado, incluyendo los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, así como las instituciones regionales y municipales, que anteriormente la Constitución reconocía como independientes.
La reforma también dispone que el régimen supervisará a la prensa y a la Iglesia para asegurarse de que no respondan, según el gobierno, a “intereses extranjeros”. Además, se oficializó la retirada de la nacionalidad nicaragüense a aquellos considerados “traidores a la patria”, una medida que ha afectado a unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
Asimismo, la reforma confirma que Rosario Murillo tendrá el mismo poder que el presidente Ortega, elevando su cargo de vicepresidenta a copresidenta.
Finalmente, la reforma establece la creación de una “policía voluntaria” compuesta por civiles, que funcionará como un “cuerpo auxiliar y de apoyo” para las fuerzas de seguridad.