Asalto institucional
Cuando se habla de democracia, se piensa inmediatamente en la separación de poderes como un pilar fundamental. Sin embargo, en Colombia, esta premisa está siendo puesta a prueba de manera alarmante. La reciente incursión de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Registraduría Nacional no es solo una extralimitación de funciones; constituye, sin lugar a duda, un prevaricato y una alerta roja para el país.
El caso es especialmente grave si se considera que la SIC, una entidad de carácter administrativo, ha asumido competencias que claramente no le corresponden. Investigar e imputar cargos a funcionarios de la Registraduría —un organismo autónomo encargado de garantizar la transparencia electoral— es una intervención sin precedentes. No se trata de una simple diligencia administrativa, sino de acciones que incluyen la recolección de información confidencial, la inspección de dispositivos personales y la solicitud de comunicaciones internas. ¿Desde cuándo una superintendencia asume atribuciones propias de un fiscal? Peor aún, ¿cómo es posible que, pese a la advertencia de ilegalidad emitida por la Procuraduría, se haga caso omiso?
La Corporación Excelencia en la Justicia ya ha alzado su voz, advirtiendo que este hecho socava principios fundamentales del Estado Social de Derecho. Y es que cuando se vulneran las autonomías, se abre la puerta al caos institucional. Hoy es la Registraduría, mañana podrían ser otras entidades, consolidando un poder absoluto bajo el disfraz de regulaciones administrativas.
No es casualidad que este asalto institucional ocurra en un momento crítico. Desde hace años, Petro ha sembrado la narrativa del fraude electoral. Es irónico, considerando que ha ganado cada elección en la que ha participado, desde el Congreso hasta la Presidencia. Pero esta estrategia no es nueva; sigue el manual del “socialismo del siglo XXI”, que busca deslegitimar instituciones para posteriormente controlarlas.
El plan es claro: van por todo. Primero fueron los pasaportes, donde el gobierno manipuló información y empleó artimañas que hoy tienen al excanciller Leyva suspendido por la Procuraduría, con la posibilidad de enfrentar una sanción severa. Al mismo tiempo, dirigieron sus esfuerzos a desprestigiar a Thomas Greg & Sons, utilizando toda su maquinaria digital y medios financiados con recursos públicos. Incluso, el presidente recurrió a su cuenta de X para desacreditar a esta empresa, que durante años ha gestionado con éxito este servicio. Con esto, dejaron preparado el terreno para el siguiente paso del plan: las elecciones.
Petro, en reiteradas ocasiones, ha señalado que esta empresa está al servicio de las “oligarquías”. Esto parece una estrategia destinada a justificar, en caso de perder, una movilización de sus seguidores. Sin embargo, surgen preguntas inevitables: si ha triunfado en todas las elecciones, ¿eso lo convierte en parte de esa “oligarquía” que tanto critica? Y si insiste en que hubo fraude, ¿es él quien lo perpetró? ¿O cómo se explica que haya salido vencedor en cada contienda? La incoherencia de su discurso es evidente.
No olvidemos que en el proyecto de presupuesto para 2025 recortaron los recursos destinados al órgano electoral. ¿Será esta otra maniobra de presión del gobierno para doblegar su autonomía?
El ataque no se limita a las urnas. Los medios de comunicación han sido blanco de operaciones intimidatorias por parte de la SIC. Recordemos los allanamientos a Caracol, RCN y Canal Uno, operaciones que parecían más una demostración de fuerza que un acto de supervisión.
Bajo el mando de Cielo Rusinque, la SIC ha dejado de ser un ente regulador para convertirse en una policía política, al servicio de los intereses de la Casa de Nariño.
Petro y su equipo no ocultan su intención de seguir por este camino; han aprendido bien de sus aliados regionales.
La situación es grave. La Registraduría es la columna vertebral de nuestra democracia. Si permitimos que su autonomía sea vulnerada, estaremos entregando el país a un régimen donde las elecciones serán un simple trámite para legitimar el autoritarismo.
Debemos rodear a la Registraduría. Reconozco la gallardía de Hernán Penagos, un verdadero demócrata que lidera esta entidad con integridad y determinación. Él está dispuesto a usar todos los recursos a su alcance para defender su autonomía y resistir los ataques sistemáticos que enfrenta. Sin embargo, no puede hacerlo solo frente a una maquinaria que intenta aplastarlo.
Han intentado por todos los medios removerlo de su cargo, pero Penagos se ha mantenido firme. Ahora, más que nunca, es crucial que lo respaldemos y lo apoyemos. De lo contrario, el precio será la pérdida de nuestra democracia.
La historia nos ha enseñado que la libertad no se pierde de un solo golpe, sino a través de pequeños avances autoritarios que, con el tiempo, se normalizan. Hoy es la Superintendencia de Industria y Comercio; mañana, cualquier otra entidad puede ser blanco de estas maniobras. Estamos advertidos. No podemos ser cómplices silenciosos de nuestra propia tragedia.
*Exdirectora del ICBF