Magistrados del Consejo de Estado viajaron a Washington para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abordar la situación en torno a las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos por voto popular.
El encuentro se da en el contexto de la unificación de jurisprudencia que está pendiente en la sala plena del Consejo de Estado, tras la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, que reafirmó las facultades sancionatorias del Ministerio Público, condicionándolas a una revisión automática por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, algunos magistrados no han aplicado este fallo, señalando el precedente de la Corte IDH en el caso Petro.
Se pudo establecer que los magistrados subrayan que el encuentro en Washington es una “reunión amistosa” con el sistema interamericano, en la que explican a la CIDH el rol de los jueces administrativos, destacando que “actúan en derecho e independientemente, siempre”.
A la reunión viajaron el presidente de la sección cuarta del Consejo de Estado, Milton Chaves; el magistrado de la sección tercera, sala B, Alberto Montaña; la magistrada de la Sala de Consulta y Servicio Civil, María del Pilar Bahamón; y el magistrado de la sección quinta, Omar Barreto.
Por otro lado, la Procuraduría ha informado que, hasta la fecha, se han suspendido 34 fallos del Consejo de Estado mientras el tribunal unifica su postura sobre la revisión de estas sanciones a funcionarios de elección popular.
Recordemos que, recientemente, la Sección Segunda había anulado las sanciones impuestas por la Procuraduría. Ante esto, el ente de control interpuso una acción de tutela. Inicialmente, la Sección Cuarta declaró improcedente la tutela, lo que dejó los fallos de la Sección Segunda en firme. Sin embargo, la Sección Quinta revisó la decisión de la Sección Cuarta, revocando la decisión de la Sección Segunda y ordenando la emisión de nuevas sentencias.