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Exalcalde de La Paz permanece hospitalizado tras orden de captura

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El exalcalde del municipio de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles, permanece internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, bajo cuidados intermedios y con custodia de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía Nacional, luego de sufrir una descompensación de salud tras conocer que existía una orden de captura en su contra.

Una comisión del CTI desplazada desde Bogotá llegó a Valledupar para hacer efectiva la orden judicial. Aunque inicialmente la residencia del exmandatario fue objeto de un allanamiento, este no se encontraba en el inmueble.

Posteriormente, Zuleta Mieles decidió presentarse voluntariamente, acompañado de su abogado, a las instalaciones del CTI en Valledupar, donde fue notificado formalmente de la orden de captura. Tras recibir la información, habría presentado una fuerte descompensación, asociada, al parecer, a un incremento en sus niveles de glucosa y de presión arterial, por lo que fue trasladado de urgencia al Instituto Cardiovascular del Cesar.

El exalcalde fue estabilizado por el personal médico y permanece bajo observación en una unidad de cuidados intermedios. Mientras recibe atención especializada, funcionarios del CTI y de la Policía mantienen vigilancia permanente para garantizar su permanencia bajo custodia y evitar una eventual evasión.

Las autoridades judiciales están a la espera de que el estado de salud del exmandatario permita su comparecencia ante un juez de control de garantías, donde se llevarán a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

 

PRESUNTO ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN

La captura de Zuleta Mieles hace parte de una operación nacional adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que permitió desarticular un presunto esquema de corrupción relacionado con el direccionamiento de cerca de 480 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor supera los 3 billones de pesos, ejecutados en 19 departamentos del país.

Según la Fiscalía, la investigación evidenció que el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ habría sido utilizado como instrumento para direccionar la contratación pública en proyectos de infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte, recreación, medio ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

En el operativo, desarrollado simultáneamente en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exrepresentantes legales, exdirectores administrativos, financieros y ejecutivos, además del revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada.

Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador indican que funcionarios públicos y particulares habrían adoptado un manual de contratación propio para adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos.

La Fiscalía también señaló que los procesos contractuales habrían sido direccionados mediante procedimientos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para eludir los mecanismos de control de la contratación estatal.

Durante la operación judicial fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron equipos tecnológicos y documentación de interés para la investigación. El despliegue operativo contó con la participación de 105 servidores de policía judicial, quienes realizaron labores de seguimiento y recolección de pruebas.

En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar las respectivas medidas de aseguramiento.

De acuerdo con el grado de participación atribuido a cada uno de los procesados, la Fiscalía imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.