La Corte Suprema de Justicia decidió este martes llevar a juicio al exsenador Carlos Roberto Ferro Solanilla por el presunto delito de concusión.
El excongresista, que fue miembro del Partido de La U, enfrenta acusaciones de haber extorsionado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), obligándolos a entregar parte de sus salarios a cambio de mantener sus puestos.
El principal testigo en este caso, Roque Julio Díaz, denunció que Ferro abusó de su poder para exigirle la totalidad de su salario bajo la promesa de ayudarle a cumplir con sus semanas de cotización para la pensión.
Díaz detalló que las transferencias se realizaban a cuentas de Bancolombia a nombre de personas como Jaime Andrés Jaramillo, Luis Jaramillo y Diana Galeano, quienes habrían estado cercanos a Ferro.
Asimismo, vinculó a Ferro con el asesinato de su hermano, Segundo Eduardo Díaz, ocurrido en 2009. Según las investigaciones, John Harold Arias, un patrullero que hacía parte del esquema de seguridad de Ferro, sería el principal sospechoso de este crimen.
A pesar de las solicitudes de la defensa para cerrar el caso por prescripción, la Corte avanzó con el proceso, señalando que Ferro, durante su mandato entre 2007 y 2009, habría incrementado su patrimonio de manera injustificada mediante este esquema de extorsión.
La Corte Suprema está examinando las posibles conexiones entre el crimen y las actividades del excongresista, mientras que Gabriel Daza, otro testigo, insinuó una relación sentimental entre Arias y Ferro.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema también investiga al exsenador por enriquecimiento ilícito. Las autoridades sospechan que Ferro incrementó injustificadamente su patrimonio entre 2007 y 2009 mientras ocupaba cargos públicos.
Este presunto enriquecimiento sería producto de la extorsión a los funcionarios de su UTL, quienes, según la versión de los testigos, estaban obligados a entregar sus sueldos bajo amenaza de perder sus empleos.
A pesar de las peticiones de la defensa para que se decretara la prescripción de la acción penal, la Corte Suprema rechazó la solicitud, confirmando que Ferro será llevado a juicio por concusión.
En su comunicado oficial, el alto tribunal explicó que los delitos imputados están vinculados a actos de corrupción en el manejo del personal en el Congreso, en particular en su Unidad de Trabajo Legislativo.