La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá este lunes para decidir si vota una polémica ponencia que sugiere formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, señalada de haber superado los límites legales de gastos electorales.
La propuesta de sanción se sustenta en un informe que advierte sobre gastos no reportados por un monto cercano a los $5.355 millones, una infracción que podría tener consecuencias legales tanto en el ámbito administrativo como penal.
La expectativa sobre esta decisión es alta, ya que podría derivar en un proceso formal contra la campaña del actual Presidente, a quien el CNE acusa de violar los topes de financiación establecidos por la ley electoral colombiana.
En concreto, la ponencia fue redactada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quienes presentaron un análisis detallado de los gastos no reportados durante la contienda electoral de 2022.
Según la normatividad vigente, desde 2017 este tipo de infracciones pueden acarrear sanciones penales, más allá de las multas administrativas.
TENSIÓN ENTRE EL CNE Y PETRO
La reunión de hoy se desarrollará en medio de un ambiente tenso marcado por las críticas del presidente Gustavo Petro hacia el órgano electoral.
Petro ha señalado en varias ocasiones que el CNE no tiene la competencia para investigarlo y acusó a la entidad de formar parte de un presunto complot para sacarlo del poder.
Durante la asamblea general del Pacto Histórico, realizada este fin de semana en la Universidad Nacional, el Jefe de Estado arremetió nuevamente contra los magistrados del Consejo, cuestionando su imparcialidad y sugiriendo que la investigación es parte de un intento de “golpe de Estado”.
“El Presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias y que, por decisión constitucional, se ha preservado en Colombia. Pero aquí, en el caso de Petro, había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por magistrados que no tienen competencia para decidirlo”, expresó el mandatario, quien también llamó a la movilización popular en defensa de su gobierno.
“Al golpe de Estado se le responde popularmente con la revolución”, enfatizó durante su intervención.
Petro ha sido particularmente crítico con el magistrado Prada, uno de los ponentes del caso, a quien acusó de tener un sesgo político en su contra, recordando las críticas que este hizo en su época como congresista del Centro Democrático.
“Nos creen bobos. A mí me va a investigar alguien que estuvo en un escándalo por compra de testigos para salvar a Uribe”, afirmó el mandatario en referencia a un proceso judicial que involucra a Prada.
RESPUESTA DEL CNE
Ante las acusaciones del Jefe de Estado, el CNE aseguró que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se encuentran dentro del marco de la ley.
En un comunicado emitido el pasado sábado, el CNE defendió la legalidad de sus investigaciones, aclarando que su competencia para indagar sobre los topes electorales de las campañas presidenciales está plenamente respaldada por la Constitución y decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
“El Consejo Nacional Electoral aclara que todas sus actuaciones se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Dichas competencias han sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que la ratifican como incuestionable”, subrayó.
Además, el órgano electoral recordó que la investigación en curso no pone en peligro el fuero presidencial, ya que se trata de un proceso administrativo relacionado con el manejo financiero de la campaña y no con las actuaciones del presidente en su cargo.
El CNE también hizo énfasis en que, pese a las declaraciones del Presidente, la investigación es un proceso habitual que se sigue cuando existen indicios de irregularidades en el financiamiento de campañas, y aclaró que no se trata de una acción que busque afectar políticamente al mandatario.
“Cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral”, señaló la entidad.
LAS ACUSACIONES SOBRE LOS PLAZOS DE INVESTIGACIÓN
Otro punto de discordia entre Petro y el CNE es el tiempo que ha tomado el organismo en abrir esta investigación. Petro insistió en que la entidad superó los plazos legales para indagar sobre su campaña, afirmando que el CNE tenía 30 días para iniciar el proceso después de las elecciones de 2022.
“El CNE no puede investigarme ahora. Tenían 30 días para hacerlo y ya lo hicieron en su momento, determinando que no había ninguna irregularidad”, dijo Petro.
Sin embargo, el CNE negó que haya existido una violación de los tiempos procesales e indicó que la investigación se reabrió tras la aparición de nuevas pruebas que justifican su continuidad. Para el Consejo, este proceso se realiza conforme a la ley y no obedece a ningún tipo de presión o interés político.
La decisión que tome hoy la Sala Plena del CNE será clave no solo para el futuro de la campaña presidencial de Gustavo Petro, sino también para la legitimidad del órgano electoral en medio de una creciente polarización política.
La formulación de cargos abriría un proceso que podría prolongarse durante meses, lo que mantendría la presión sobre el actual gobierno.
/Colprensa