La Superintendencia de Servicios Públicos, a cargo de Dagoberto García, dio a conocer este este jueves la intervención oficial de la empresa de energía Air-e, designando un nuevo agente especial para liderar el proceso.
García explicó que la intervención se está realizando de forma pacífica, con el objetivo de rescatar la empresa, solucionar sus problemas financieros, mejorar el servicio y asegurar que los usuarios reciban energía de calidad.
Esto va en línea con lo que dijo el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, quien señaló: “En la Creg aprobamos la intervención de Air-e. Este gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad del servicio, y no permitiremos que el mercado siga tomando control sobre los derechos de los ciudadanos”.
Esta decisión se tomó luego de que Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, solicitara la intervención debido a la “falta de flujo de caja”. “Nadie puede mantener un negocio con un precio de $750 por kilovatio. Es un mercado insostenible, y ni Air-e ni el Gobierno han podido controlarlo”, afirmó Lombana.
El ministro Camacho agregó que “toda la presión ha recaído sobre la gente”, y por eso “debemos tomar medidas más contundentes mientras se expiden las resoluciones, que están muy cerca, para evitar el apagón del que tanto se ha hablado, el cual no vamos a permitir”.
Esta medida responde a la delicada situación financiera de Air-e, afectada por deudas y altos costos operativos.
Por eso, subrayó que “la intervención es el único camino posible”, ya que “cada vez que estamos cerca de una solución, nos demandan o impugnan nuestras decisiones administrativas. Incluso, como mencioné públicamente, un excomisionado de la Creg me ha demandado por las decisiones que estamos tomando”.
En una carta que envío esta compañía el presidente Petro se conoció que le deben $1,8 billones. Este monto está relacionado con la facturación por el servicio de energía, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Según la empresa, estos recursos son fundamentales para seguir operando y cumplir con sus compromisos financieros.
El mayor problema radica en el incremento de los precios de la energía en la bolsa. En 2022, la empresa tuvo que asumir costos por $145 mil millones, pero esa cifra se disparó a $876 mil millones en 2023, de acuerdo con reporte de Air-e. Solo en septiembre de este año, Air-e pagó $211 mil millones en energía comprada en la bolsa, 1.000% más que en enero.
El anuncio de la Superintendencia llegó un día después de que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, informara en el Congreso que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dio luz verde para la intervención.
Con la resolución, la Superintendencia tiene la potestad de asumir el control de la empresa, relevar al gerente e incluso modificar la Junta Directiva. “El objetivo de la Superintendencia y el Gobierno Nacional es recuperar la empresa, resolver los problemas financieros que tiene, mejorar el servicio y satisfacer a los usuarios con una buena calidad”, indicó el superintendente.
También se ha nombrado al nuevo agente especial: Carlos Arturo Diago Abello, un ingeniero eléctrico con 45 años de experiencia en el sector de servicios públicos y el mercado de energía. Su misión es estar a cargo del proceso de intervención con Air-e.
El principal desafío para Diago, como agente interventor de Air-e, según el exministro de Minas Amylkar Acosta, es garantizar que el servicio de energía se mantenga sin interrupciones. Esto incluye evitar los cortes de electricidad que la empresa había venido anunciando debido a sus dificultades operativas.
Para lograrlo, Acosta señaló que Diago necesita el respaldo total de la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo primero es que el Gobierno Nacional salde la deuda que tiene con la empresa por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
También es clave concretar un crédito puente de Findeter que dé liquidez a la empresa, mientras el Congreso tramita el reconocimiento de la deuda de los usuarios de estratos bajos como deuda pública, según lo estipulado en el polémico proyecto de ley de financiamiento.
El exministro también precisó que otro punto esencial es reducir la exposición de Air-e al mercado de energía en bolsa, donde los precios pueden dispararse, afectando tanto a la empresa como a los usuarios.
Por ejemplo, el precio del kilovatio-hora (KWH) pasó de $121.79 el 1 de julio a $797.17 el 12 de septiembre. Por eso, es preferible asegurar contratos bilaterales con generadores, donde el precio promedio actual ronda los $300 por KWH, dijo Acosta.
“Una vez garantizado el servicio, es crucial implementar un plan de choque para modernizar las redes eléctricas en barrios subnormales. La propuesta es aprovechar los recursos del Fondo Único de Soluciones Energéticas, que fusiona varios fondos destinados a mejorar la infraestructura energética, para financiar esta modernización”.
Agregó que la idea es realizar un cálculo de los ingresos que se espera recibir en los próximos cinco años en dicho fondo y titularizar esos recursos para obtener financiación de la banca.