Líderes asesinados no habían sido amenazados
Unidad Nacional, que se ocupa del tema, indicó que hay más de 4.000 personas de esta población con medidas de seguridad.
La espiral de violencia que desde hace dos años se ha recrudecido contra líderes sociales en el país mostraría una nueva arista, y es que las seis personas asesinadas en diferentes regiones del país no habían recibido amenazas y por ende no habían solicitado protección del Estado.
¿Revelaría este hecho un cambio en la estrategia de los actores violentos que tienen en la mira a esta población o corroboraría lo dicho por las autoridades, en el sentido que no todos los 164 crímenes que se registraron en 2018 tendrían relación con la actividad que desarrollaban estos ciudadanos?
El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, dijo ayer que “en el caso de los líderes sociales asesinados este año ninguno había solicitado protección porque, infortunadamente, viene ocurriendo un fenómeno a nivel nacional y es que a las personas asesinadas no las habían amenazado”. Agregó el funcionario que “por lo que sé no tenían amenazas que les hubiera permitido hacer esas solicitudes…los que han tenido amenazas y les hemos dado protección ha sido realmente efectiva porque el impacto ha sido mínimo en ese sentido en relación con los protegidos de la Unidad”.
De igual forma González hizo referencia al Plan de Acción Oportuna (PAO) que lanzó en noviembre pasado el presidente Iván Duque para la protección de líderes sociales y comunales, que consiste en “una articulación de las diferentes entidades del Estado”.
Añadió sobre el PAO que “comienza la implementación en este momento y estamos en eso. La Unidad Nacional de Protección hace parte de ese Plan”.
González dijo que reciben en la Unidad hasta 9.000 solicitudes de protección desde las regiones cada mes y que tienen cerca de 4.300 beneficiados con medidas entre líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El día de ayer el director de la Unidad Nacional de Protección sostuvo un encuentro en Santa Marta con autoridades locales y organizaciones sociales, en relación con el asesinato de la líder de restitución de tierras Maritza Quiroz, para efectos, dijo el funcionario, “de hacer una evaluación para la protección sobre todo de esa comunidad afrodescendiente y de los hijos de esta señora”.
El primer asesinato de un líder social se presentó el 1 de enero en Suárez, Cauca, en el caso de Gilberto Valencia, quien según testigos a salir de una verbena popular sostuvo una discusión con un joven, al parecer en estado de embriaguez, quien le disparó un arma de fuego hechiza.
Al siguiente día se produjo el crimen del líder comunal Jesús Perafán en su tienda ubicada en Caicedonia, Valle. El 4 de enero, fue abaleado José Rafael Solano en el municipio de Zaragoza, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ese mismo día, hombres armados le dispararon a Wilmer Antonio Miranda, en el municipio de Cajibio, departamento de Cauca.
El pasado 5 de enero sujetos asesinaron a Wilson Pérez, en Hacarí, Norte de Santander. El mismo día en que fue asesinada la líder social Maritza Quiroz, tras sufrir un ataque armado en el corregimiento de Bonda (Santa Marta).
El director general de la Policía, el general Óscar Atehortúa, indicó ayer sobre estos hechos que “hay una información muy precaria que está en manos de las autoridades judiciales, tenemos un equipo dedicado a este propósito buscando de alguna manera que nos acopien un acervo probatorio que más adelante nos pueda solicitar una tesis, pero por el momento son investigaciones incipientes”.
En diciembre pasado el fiscal general, Néstor Martínez, dijo que más de la mitad de los crímenes de líderes sociales han sido esclarecidos.
“En el caso de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hemos alcanzado tasas de esclarecimiento de homicidios en autoría intelectual y material el 53.5%, es decir más de la mitad de los homicidios los estamos esclareciendo en estos momentos”.
Comisión de Paz del Senado pide más acciones contra el asesinato de líderes sociales
A través de un comunicado de prensa, la Comisión de Paz del Senado manifestó su preocupación por el asesinato de varios líderes sociales y exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC en los últimos días y hace un llamado a las autoridades para que realicen un plan de choque frente a esta situación.
Puntualmente, la Comisión hace énfasis en el asesinato de Gilberto Valencia en Suárez, (Cauca), el primero de enero; Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, (Valle del Cauca), el 2 de enero; Wilmer Antonio Miranda en Cajibio, (Cauca), el 4 de enero; Wilson Pérez Ascanio, en Hacarí, (Norte de Santander), el 5 de enero, y Maritza Quiroz Leiva, en Santa Marta, (Magdalena) el 5 de enero. Así mismo, enfatiza en la muerte del exintegrante de las FARC Salomón Pulido, ocurrido el día 6 de enero en el Meta y del dirigente del partido Centro Democrático, José Rafael Solano González, ocurrido el 4 de enero en Zaragoza, Antioquia.
“Alertamos especialmente sobre la grave situación de amenazas en territorios de los departamentos del Cauca (donde ya van 46 asesinatos, entre campesinos e indígenas), Chocó, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño, Sucre y Putumayo que ameritan un informe y un plan de choque eficaz de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Defensa y otras instancias del gobierno y el Estado Colombiano”, dice el texto.
De acuerdo a la Comisión de Paz, estos hechos enlutan el comienzo del nuevo año y se suman a la alarmante cifra de asesinatos y amenazas de diversos tipos contra líderes sociales y excombatientes de la FARC durante el último periodo que han evidenciados en diversos informes de autoridades nacionales y organismos internacionales.
En este sentido la Comisión exhorta a las autoridades a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, a cumplir con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz para las comunidades campesinas con el fin de impedir que bandas criminales y narcotraficantes copen y controlen los territorios en los cuales tenía presencia la exguerrilla de las FARC.
“Al conjunto de la sociedad la convocamos a rechazar contundentemente estos actos de violencia, su impunidad y a reclamar la defensa de la vida, la paz, la justicia y la solidaridad con los líderes sociales”, añade el comunicado.