En Cesar solicitan agilizar proceso de estudios de riesgo
Los otros líderes asesinados hasta la fecha son: Gilberto Valencia (Suárez-Cauca), Jesús Adier Perafán (Caicedonia-Valle del Cauca), José Solano (Puerto Jobo), Wilmer Antonio Miranda (Cajibio-Cauca) y Wilson Pérez (Hacaría-Norte de Santander).
Los seis líderes sociales asesinados en los primeros seis días de este 2019, enciende la alerta de las autoridades en el país. Entre las víctimas se encuentra la líder social de La Jagua de Ibirico, Maritza Quiroz Leyva, asesinada el pasado lunes en la vereda San Isidro, del sector de Bonda, en Santa Marta.
Jesualdo Hernández Mieles, asesor de la Oficina de Paz del Cesar, aseguró que aunque la líder social no pertenecía a la mesa de víctimas del departamento, su asesinato, y los otros cinco que se han cometido durante 2019 en Colombia, son un campanazo de alerta.
Señaló además que la Gobernación del Cesar pidió a la Unidad Nacional de Protección –UNP- agilizar los estudios de riesgos en el departamento.
“Nosotros hoy (ayer) hablamos con la UNP pidiéndole que nos agilice los estudios de riesgo de los líderes del departamento del Cesar, porque no queremos que nos asesinen a ningún líder, mire que comenzando año ya van seis asesinatos, el último es el de nuestra coterránea”, manifestó Hernández Mieles.
El funcionario indicó que Quiroz Leyva, líder de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en la zona rural de Santa Marta y suplente de la Mesa de Víctimas de la ciudad, “era una mujer muy destacada, venía trabajando como reclamante de tierras y ya la habían reubicado porque le asesinaron al esposo; desde la Oficina de Paz, rechazamos este asesinato”.
PERSONAS AMENAZADAS
La Oficina de Paz del Cesar aseguró que en el Cesar existen 175 personas con medidas blandas y 82 con esquemas de protección tras recibir amenazas, sin embargo, las cifras no incluyen los últimos meses del año pasado ni los primeros días del 2019.
“Creemos que estamos superando las 300 personas amenazadas”, dice Hernández Mieles, para luego decir que es difícil tener una cifra exacta dado que se las denuncias no se canalizan en una sola entidad y muchas personas se hacen pasar como líderes, lo que demanda un tiempo de estudio por parte de las autoridades.
“Estamos pidiéndoles a la Policía Nacional, UNP, Fiscalía y Personería, un estudio completo de lo que tenemos hoy en el departamento”, agregó.
“LO QUE OCURRIÓ CON MARTIZA QUIROZ ES DOLOROSO”
La activista política cesarense Imelda Daza, rechazó el asesinato de la líder social Maritza Quiroz Leyva, al tiempo que pidió un mayor compromiso nacional para detener los crímenes.
“Lo que ocurrió con Martiza Quiroz es doloroso, lamentable y debería conmovernos a todos. Yo no entiendo por qué a aquél niño que secuestraron en Norte de Santander comprometió al presidente Duque durante 15 días en el empeño de encontrar al niño, y lo logró felizmente; por qué no lo conmueve igual el asesinato de una mujer madre de 4 hijos que ya había sido desplazada”, detalló Daza.
Explicó la activista que en el objetivo de reclamar tierras para los más “pobres”, Maritza Quiroz fue víctima del vil ataque.
“Los líderes asesinados son todos voceros de los intereses de esa mayoría siempre olvidadas y muchos de ellos han sido líderes que han asumido la defensa de los desplazados de sus predios, de sus fincas, de sus tierras, que ahora están reclamando con todo derecho a la devolución de esas tierras; quienes las poseen hoy asumen una actitud inocente, y con mil argumentos se resisten a devolver las hectáreas que le fueron arrebatadas a muchos campesinos”, finalizó.
EL CASO DE MARITZA QUIROZ
Por último, la vida de Maritza Quiroz terminó a manos de hombres armados que la asesinaron en su finca, ubicada en la vereda San Isidro en la Sierra Nevada (Santa Marta). El terreno en que ocurrieron los hechos había sido otorgado por el gobierno hace un tiempo, pues la mujer fue víctima de desplazamiento forzado. Quiroz, la primera lideresa asesinada este año, era suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural.
COMISIÓN DE GARANTÍAS
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a tomar frente al asesinato de líderes sociales.
El pronunciamiento de la entidad se dio tras la condena que hizo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, por el asesinato de siete líderes sociales y defensores de tierras en la primera semana del año en Colombia, que generado un ambiente de zozobra y de preocupación en el país.
“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los once compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advirtió Carrillo Flórez.
El procurador fue enfático en asegurar que “los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones” fracasó, por lo que conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales.
Asimismo, lamentó que al término de 2018 no se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, y que el país siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia.
Según cifras de la Policía Nacional en 2018, las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo fueron 164 (153 hombres y 11 mujeres), y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.
Gobierno ha recibido 1200 solicitudes de protección a líderes
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que en lo corrido del año el Gobierno Nacional ha recibido 1200 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, un hecho que hace más difícil de manejar la situación.
La declaración la hizo la ministra del Interior al término del primer Gabinete de Paz, que tuvo como eje central el reciente asesinato de varios líderes sociales en diferentes municipios del territorio nacional. Gutiérrez aseguró que el Gobierno garantizará la persecución de los grupos organizados al margen de la ley que viene generando amenazas contra líderes sociales.
“Manifestamos nuestra solidaridad con las familias víctimas de esta situación y con los líderes en general. Continuaremos con nuestro plan de acción oportuna desplazándonos hacia los territorios, como se viene haciendo desde el mes de diciembre con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Fuerza Pública, los gobernadores y los alcaldes”, agregó la ministra.
Gutiérrez también señaló que la Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de brindarles protección a los cinco hijos de Maritza Quiroz, la líder social asesinada recientemente en Santa Marta.
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, insistió en la necesidad de que los grupos armados ilegales dejen de dirigir sus armas y acciones delictivas contra los líderes sociales.
“Vale la pena recordar que la Fiscalía General de la Nación tiene 18 órdenes de captura contra el ELN por el asesinato de líderes sociales y 26 órdenes de captura por el asesinato de doce exmiembros de las FARC. Es muy importante que Colombia entienda y sepa que los asesinatos de líderes también son dirigidos por estos grupos que no han querido acogerse a la paz”, dijo Ceballos.