Las polémicas curules de paz
Luego del pronunciamiento de la Justicia a través de la Corte Constitucional y el Concejo de Estado, revivieron las 16 curules acordadas en las negociaciones con las Farc para darle voz en el Congreso a las víctimas y a las regiones más azotadas por la violencia. Será un paso que además de alterar por dos períodos la composición del Legislativo demandará grandes esfuerzos para su aplicación.
Tras una larga y desgastante polémica que impidió la aplicación de esa reforma constitucional en las elecciones del 2018, los jueces ya definieron la constitucionalidad del acto que las creó en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno de entonces en el acuerdo de La Habana que luego fue refrendado en el teatro Colón de la Capital de la Republica. Lo cual significará que esa excepción se impondrá durante dos periodos de cuatro años contados a partir del próximo año, dependiendo también de que se apruebe la ley reglamentaria que regule su ejecución.
Sin entrar a debatir en profundidad lo que tal medida significa para la composición del Congreso como órgano de control político y para el gasto público, debe decirse que la iniciativa es loable en la medida en que asegurará protagonismo a las víctimas. Pero, como lo anotó el presidente Iván Duque al anunciar la sanción del acto legislativo que les dio vida, el Estado debe garantizar que represente a esas víctimas y a las regiones a las cuales se pretende entregar representatividad dentro del Legislativo.
No obstante, son varias las preguntas y preocupaciones que surgen de la decisión. La primera de ellas es cómo hará el Estado, es decir la Justicia, el Ejecutivo, los órganos electorales y el Congreso para garantizar que se cumpla esa independencia y los elegidos no formen parte de la política tradicional. Es evidente que los partidos ven allí la posibilidad de acrecentar su representación en el Congreso, y que quienes sean elegidos a través del mecanismo extraordinario no solo van a ser voceros de las víctimas, pues en la práctica entrarán a formar parte del juego de poderes natural en una corporación de elección popular.
Pero la inquietud más importante se refiere a si esos nuevos congresistas servirán para ofrecerle a sus representados las soluciones y reivindicaciones que demandan las víctimas de la violencia en Colombia.
Y si, además de ejercer la vocería que hasta ahora han tenido en todos los niveles del Estado y de la opinión pública, esas víctimas asegurarán con las 16 curules las reformas constitucionales y legales, así como las decisiones del Ejecutivo para atender sus reclamaciones.
De todas maneras, debe reconocerse que al ser sancionada la reforma por el Presidente de la República Colombia ha dado un paso original en el derecho constitucional del mundo para tratar de hacer justicia y ampliar la democracia participativa, incluyendo a las víctimas en el Congreso, con voz y voto. Es de esperar que, desde el momento en que se realicen las elecciones especiales, se puedan hacer realidad las hipotéticas bondades de una iniciativa que nació al calor del acuerdo para poner fin al conflicto con las Farc.