Por presunta corrupción en PAE, Fiscalía imputó a gobernador Monsalvo
Por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación imputó ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El ente acusador obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación de Monsalvo Gnecco en un presunto acto de corrupción, cuando este se desempeñó por primera vez en el cargo.
El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos.
En las verificaciones la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias, como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.
Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172’808.072.
En tal sentido, un fiscal delegado ante la Corte imputó a Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
HÍGADO A $65.000 EL KILO
Dentro de las irregularidades reseñadas por el fiscal en la audiencia de imputación, se resalta que el kilo de hígado fue valorado en $65.460.
“El hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo dos de los estudios previos, a precio de $65.460 pesos por cada kilogramo, un kilo de hígado… lo cual es un exabrupto, si se tiene en cuenta que la carne costaba 14.000 pesos el kilo”, señaló.
Además el fiscal relató las quejas por mala calidad de las raciones: “Reiteradamente habían quejas de parte de familias y de estudiantes, porque se servían raciones pequeñas, porque se repetía el menú, en otro caso se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras (de alimentos), o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias adecuadas para la preparación de los alimentos. En algunas oportunidades, los estudiantes debían desplazarse hasta la casa de las manipuladoras para tomar sus alimentos, a pesar de haberse exigido las condiciones de disponibilidad entre los vehículos adecuados para el transporte de alimentos”.
Añadió además que “estos alimentos llegaban a los colegios en camionetas de estaca, buses de servicio público y hasta en motos”.
Por disposición del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, la petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía se realizará la próxima semana.
