Arman a los delincuentes, no al ciudadano
Nuevamente se armó el alboroto y desde luego se desvía la esencia del debate en torno a que el Estado otorgue autorización legal para el porte y tenencia de armas para los ciudadanos de bien quienes hoy están indefensos y a merced de los criminales.
Aquí hay que decirlo en términos en que no se llamen a engaños quienes buscan proteger a los bandidos frente a debates mezquinos con intereses politiqueros: los ciudadanos tienen el derecho de proteger su vida y sus bienes ante la incapacidad de unas autoridades que han demostrado negligencia para atender uno de los principales fines primordiales del Estado ante la sociedad.
Las prohibiciones lo que han traído como consecuencia es el robustecimiento de la corrupción en la ventanilla siniestra a través de la cual Indumil vende armas en las unidades militares. Allí se mueven millones de millones en sobornos para la obtención de permisos y licencias. Ahí es donde debiera darse el debate para que se le arrebate a las unidades militares ese aroma pestilente de corrupción que representa la venta de armas.
Se las niegas a los dueños de fincas, hacendados, ganaderos, comerciantes, ciudadanos del común, a las empresas, cooperativas, a casi todo el mundo. Pero si el trámite lo hace un delincuente, un ´fino´ narcotraficante, encuentra por arte de magia el camino expedito para que desde la firma casi siempre a cargo de un general pasando por oficial con el rango de coroneles, mayores y capitanes se consiga y eso sí, a cambio del ´dulce´.
Por eso el Congreso debe debatir sin satanizar la propuesta valiente de tres senadores y nueve representantes a la Cámara del Centro Democrático, más otro representante de Colombia Justa Libres, el proyecto de ley “por medio de la cual se fortalece el monopolio del Estado sobre las armas, se regula el porte y la tenencia de armas de uso civil y se dictan otras disposiciones”.
La alharaca ya está montada y no solo fue desnaturalizada, sino que la distorsionaron ya que le han hecho ver a la sociedad que se trata de una autorización generalizada para el uso (tenencia y porte) de armas para efectos de la legítima defensa ante el descontrolado ataque de la delincuencia contra ciudadanos de toda condición.
Realmente en la Exposición de Motivos del proyecto de ley se hace mención específicamente a la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia en materia de legítima defensa, como la de la Corte Constitucional en la de los permisos para tenencia y porte de armas por parte de los ciudadanos, como situación de excepción y sujeta a estricta reglamentación estatal.
La figura de la legítima defensa está contemplada en la ley y no solo debe mantenerse, sino protegerse y fortalecerse. Su nombre lleva incluida la base para preservarla: ha de ser legítima. Es la respuesta a una agresión actual o potencial que una persona no tiene porqué sufrir pasivamente. Es la defensa, protegida por la ley, a un derecho propio o ajeno, normalmente el derecho a la vida. Quienes dicen que aquel que repele un robo o un atraco pone el patrimonio económico por encima de la integridad física del ladrón, se equivocan: lo que se defiende allí es la propia vida, la misma que el delincuente no tiene el más mínimo reparo en acabar si no se accede a sus pretensiones ilegales.
Los delincuentes nunca han requerido permisos para portar y usar sus armas. La reglamentación legal les es por completo indiferente, incluso risible. Eso no quita que el Estado es quien debe mantener su competencia para reglamentar la tenencia, porte y uso de las armas. Lo que debe hacer es cumplir su deber: desarmar a quienes nada legal van a hacer con ellas y proteger íntegramente a los ciudadanos. Eso es lo que hoy no se hace. Y del debate, los oportunidades sacarán sus réditos