Terminó juicio contra exalcalde ‘Tuto’ Uhía
Con la presentación de los alegatos de conclusión por parte de Fiscalía, defensa y ministerio público, además de la intervención del mismo acusado, se dio fin al juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, por el delito de corrupción al sufragante.
La diligencia, realizada en forma virtual, se llevó a cabo en ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento.
En la vista pública, el abogado defensor Alejandro Sánchez, renunció a los testigos que tenía previsto presentar el día de ayer, por lo cual el juez quinto penal del circuito, Andrés Alberto Palencia Fajardo, procedió a darle paso a los alegatos finales.
ENTRAMADO POLÍTICO
En primer término, el fiscal Johan Ustáriz, expuso sus argumentos relativos al análisis de las pruebas practicadas en juicio.
En su intervención señaló que: “Dichos documentos dan cuenta que existió un pacto entre el acusado y líderes de los predios Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte 2”.
Destacó la declaración de la testigo Marta Fabiola Figueroa Fernández, una de las líderes e invasora de Tierra Prometida, de quien dijo “es una persona que ha sido objeto de situación de vulnerabilidad obligada”.
El ente de control, también enfatizó al juez evaluar el testimonio del testigo Orlando Díaz, líder del sector de invasión, quien indicó que todos los líderes tras la firma del documento tuvieron una reunión con el entonces candidato donde, según Díaz, “salieron con sus consciencias compradas”.
El delegado de la Fiscalía advirtió que este ente iba a demostrar que “detrás de ese documento había un entramado político y así lo hizo”.
ES UN ACTO DE PROSELITISMO POLÍTICO: ‘TUTO’
En la diligencia, el exmandatario Augusto Ramírez Uhía hizo uso del legítimo derecho a la defensa material e intervino.
“Lo que hicimos es un acto de proselitismo político que lo hacen todos los candidatos en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, lo que hemos estudiado en doctorado de Ciencias Políticas (…) lo que busca el elector primario es conocer la propuesta, el programa de Gobierno que ofrece cada uno de los candidatos. Por tal motivo se hace imperativo que cada candidato tenga que trasladarse a cualquier lugar, no importa la distancia, para ser expuesto su programa de Gobierno”, explicó.
Recalcó que el documento firmado, “no fue un acto por debajo de la mesa, le sacaron más de mil fotocopias y lo repartieron, fue un acto público de campaña, donde unos ciudadanos luego de una reunión se acercan al candidato y dicen: ‘fírmenos un acta compromisoria’”.
Finalmente, el defensor técnico del exalcalde, Alejandro Sánchez, retomó los testimonios de invasores que rindieron declaración y expresaron, algunos entre lágrimas, la condición particular de tener que vivir en situación de invasión.
Por su parte, la delegada del ministerio público, Martha Valera, emitió concepto dirigido a pedir sentido de fallo absolutorio para el procesado.
El togado fijó para el 26 de enero de 2021 a las 2 p. m. para anunciar el sentido de fallo en este caso.
LOS SEÑALAMIENTOS
Ramírez Uhía es acusado de incurrir en el delito de corrupción al sufragante por los hechos supuestamente ocurridos hace nueve años cuando desarrollaba su campaña política para llegar a la alcaldía de Valledupar en el periodo 2011-2015.
Según la Fiscalía 5 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración el exmandatario de los vallenatos habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes tras otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en retribución no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e inclusive, podrían ser beneficiados con proyectos de vivienda.
“De los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien hoy ostenta el cargo, cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad que surgieron de invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos cada una aptos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde los mantendría ‘quietos y pasivamente’ en los inmuebles que estaban ocupando. Además, que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2500 viviendas dignas, requeridas en esas zonas”, dijo el fiscal al momento de la imputación.
Agregó también que por lo anterior, los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde, mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos; en las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre de 2011 y 18 días después en Tierra Prometida.
De ser hallado culpable, podría recibir una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.