Lo que se espera de la reforma a las regalías
Luego de año y medio de discusiones y negociaciones, el pasado 30 de septiembre fue sancionada la reforma al sistema general de regalías, inspirada en el propósito de darle más recursos a los municipios productores de minería e hidrocarburos, así como ofrecer más autonomía a las regiones y gobiernos locales para administrarlos. Es la buena intención de desconcentrar el manejo del patrimonio público que debería estar acompañada de un control más estricto y eficiente en su utilización.
Creado en el 2012, el sistema de regalías se basó en la necesidad de irrigar en todo el país los ingresos generados por la riqueza de los subsuelos que son propiedad de la Nación. Era el momento de repartir los notables excedentes que entonces producía la bonanza petrolera y que en su momento dio pie para que el entonces Ministro de Hacienda lo describiera como la oportunidad de distribuir la mermelada en toda la tostada, es decir, en todo el país.
Esa buena intención fue bien recibida, aunque generó resistencias de los departamentos y municipios mineros y petroleros que se quejaron, con no poca razón, porque les quitaban unos recursos que consideraban de su propiedad. Sin embargo, era claro que su mal uso y los abundantes escándalos como el construir un velódromo de ciclismo en el Arauca demostraban la necesidad de intervenir y de equilibrar la balanza para atender los problemas de necesidades básicas insatisfechas en los municipios más pobres de Colombia.
Sin embargo, el sistema fue rodeado de exigencias y trámites que en la práctica han impedido su efectividad. Es el caso de la creación de más de mil Órganos Colegiados de Administración, los Ocad que se suponían ser la herramienta para asegurar transparencia, eficiencia, planeación y pertinencia en el uso de las regalías. En la ejecución, lo que apareció fue un entramado de procedimientos que en la inmensa mayoría de los casos frustró esos principios y en otros autorizó gastos e inversiones afectados por el clientelismo y el despilfarro.
Ese cúmulo de observaciones dio paso a la reforma que se aplicará y en la cual, además de acabar mil de esas Ocad, se aumenta la autonomía de departamentos y municipios en la definición de los proyectos y la aplicación de los recursos que llegan a los 17,3 billones de pesos en el 2021, además de incrementar la cuota para los productores y de destinar el 1% para la ejecución del acuerdo de paz con las Farc.
Por supuesto, las cifras son inferiores al inicio del sistema pues ya no hay bonanza petrolera o minera. Y desde el Gobierno Nacional se insiste con razón en mostrar que esa puede ser una fuente de recursos para impulsar la reactivación que necesita el país luego de la crisis producida por la pandemia, algo que tiene todo el sentido.
Son sin duda buenas intenciones las que han impulsado el sistema de regalías y la reforma recién aprobada. Ojalá, la transparencia y el compromiso de todos quienes deberán definir cómo se usan eviten que ese propósito sea frustrado por la corrupción y el despilfarro que acompañan al clientelismo en el manejo de los asuntos públicos de nuestro país.