Diario del Cesar
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Familiares de los siete agentes del CTI desaparecidos claman justicia

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En el exilio y sin conocer la verdad permanecen algunos de los familiares de los siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI,  que desaparecieron en el departamento del Cesar, los cuales afirman que a medida que pasa el tiempo la verdad se hace más esquiva.

“La verdad como tal no existe para nosotros durante estos 20 años, tenemos más incertidumbre que conocimiento del caso”, manifestó Claudia Balcero, exesposa de Israel Roca Martínez y exiliada debido a las amenazas que recibió por buscar esclarecer los hechos que se registraron el 9 de marzo de 2000.

La verdad y la posibilidad de volver los restos de sus seres queridos son las peticiones de las familias de Carlos Augusto Ibarra Bernal, Danilo Javier Cabrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Arturo Linares Correa, Jaime Elías Barros Ovalle, Israel Roca Martínez y Mario Abel Anillo Rocha al Gobierno Nacional.

Según el relato de Olga Anillo Trocha, hermana de uno de los agentes, ellos se verían con Mario Abel en la casa de su madre luego de que él entregara un informe a las directivas del CTI en Valledupar.

“Él llegó a Valledupar el 8 de marzo del 2000, en las horas de la noche y llamó a nuestra madre para indicarle que estaba en la ciudad y que al día siguiente nos visitaría porque me tocaba ir primero al CTI para rendir el informe de lo que se hizo en Aguachica. Él se encontraba en ese municipio porque fue designado como director encargado del CTI del sur del Cesar”, reveló.

Informe que fue interrumpido por la comisión judicial que sería enviada al corregimiento de Minguillo, zona rural del municipio de La Paz.  A la cual fue enviada Anillo Trocha en una camioneta Toyota Land Cruizer, color rojo, de placas MIL-597, y otros en una camioneta laboratorio Chevrolet Luv, de placas OIR-051 para realizar la exhumación de un cadáver.

La urgencia de la comisión judicial se debía a la aparición del cuerpo del vendedor de paletas, Alcides Tiburcio Rivera Palencia, reportado como desaparecido el 15 de octubre de 1999 y asesinado a manos presuntamente por el grupo paramilitar que controlaba la zona, el Bloque Norte de las Autodefensas.

Pero no fue solo la familia de Anillo Trocha quienes esperaron el regreso de su hijo, hermano y esposo. “Él terminó del almorzar en nuestra casa ubicada en el barrio Dangond y salió a atender el llamado para la exhumación del cuerpo, pero esperábamos que volviera”, dijo Claudia.

Asimismo, Hernando Gabriel Cabrera Osorio y su hermana, esperaban un abrazo de buenas noches de su padre. “Tenía cinco años cuando todo paso y solo recuerdo la angustia de mis familiares esa noche y el vació que ha dejado la ausencia de mi padre en nuestra familia”, develó.

Es que lo que sería la atención a una diligencia judicial se convirtió en su última comisión.  “Lamentablemente los avances han sido pocos porque no se tiene información certera en cuanto al paradero de los restos. El grupo de búsqueda de la Fiscalía General de la Nación sigue adelantando labores en la zona donde ellos fueron desaparecidos y por otro lado que de la unidad de búsqueda también entró a formar parte de las organizaciones acompañantes en las investigaciones”, relató una de las familiares.

¿AVANZA LA INVESTIGACIÓN?

Luego de los 20 años de la desaparición forzosa de los agentes judiciales el director del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación Seccional Cesar, César Correa, indicó que se han realizado 150 intervenciones para lograr ubicar los restos de sus compañeros.

“No perdemos la esperanza de encontrarlos porque lo lograremos en algún momento y podremos hacerles la entrega de los cuerpos a sus familias. En las investigaciones se ha logrado establecer los responsables de hecho  a través de reparación judicial EN Justicia y Paz, donde se encontró quienes dieron las órdenes para desaparecer a nuestros compañeros”, identificó Correa.

Al mismo tiempo, el director del CTI de Valledupar reveló uno de los vehículos fue recuperado en un sector del Cesar y que otra de las versiones que fueron entregadas por algunos exmiembros de las autodefensas fue que los cuerpos fueron lanzados a un río, al parecer, para no dejar rastro de su muerte.

De acuerdo con lo declarado por Elaine Janeth Cure Ariza, subdirector de la  Fiscalía General de la Nación del Cesar, la entidad no desfallecerá en la búsqueda de los agentes judiciales que ofrendaron su vida en aras de continuar el trabajo de servicio al país para fortalecer la justicia.

“La Unidad de Derechos Humanos continúa adelantando el proceso que corresponde la desaparición de nuestros compañeros y también se cuenta con un reconocimiento por parte de los grupos armados de la comisión del delito pero estamos en la búsqueda de los cuerpos”, exteriorizó.

PIDEN JUSTICIA

Por el caso la justicia colombiano condenó a John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, el exintegrante de las AUC y al ex jefe del ‘Bloque Norte’ de las autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, fue condenado a 25 años de prisión por el Juzgado Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, por la desaparición y el homicidio de siete miembros del Cuerpo Técnico de Investigación.

“Las condenas no han sido las que deberían ser por la desaparición, toda vez que es un delito de lesa humanidad, y con el tema de reparación nosotros tenemos una demanda al estado desde el 2007, la cual nunca ha sido ejecutada y no se ha recibido indemnización como tal para las víctimas”, indicó Balcero.

Los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2000 en zona rural del municipio de La Paz (Cesar), donde una comisión del CTI Seccional Valledupar efectuaría una exhumación y fue interceptada por integrantes de las autodefensas encabezadas por John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’.

Tiempo después, Esquivel Cuadrado durante versiones a Justicia y Paz confesó que los funcionarios judiciales fueron asesinados, luego desmembrados y sus restos desaparecidos por orden de alias Jorge 40.