La justicia, ¿ahora sí con recursos?
Imperio de la ley con respeto absoluto por los Derechos Humanos y con una justicia accesible y oportuna para todos. Esa es la premisa principal que en el apartado de justicia plantea el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, cuyo proyecto de ley fue radicado en el Congreso por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.
En este Plan juega un papel fundamental el sector Justicia como parte del componente de legalidad, uno de los tres pilares sobre los cuales se apoya la administración que irá hasta 2022 y que consagra la garantía de la dignidad humana y las libertades individuales y colectivas, así como la prevalencia de una justicia cercana, moderna, efectiva y oportuna.
En este contexto, el Gobierno ve a la justicia como un bien y servicio público que debe proteger los derechos de las personas, asegurar el cumplimiento de la ley y castigar las transgresiones, y que, sobre todo, tiene su punto de partida en las características de las comunidades.
En el caso de los modelos de justicia local y rural se debe entender que cada comunidad tiene sus particularidades, por lo que se les debe responder con una oferta diferenciada. Y no se deja de lado un componente importante de modernización del sector soportado en la tecnología, pues se debe mejorar el sistema para que sea mucho más eficiente en beneficio de los colombianos.
El Pacto por la Legalidad busca fortalecer la cultura de la legalidad y los mecanismos de defensa jurídica del Estado para ahorrar por lo menos 12 billones de pesos por concepto de demandas. También tiene como objetivo la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, ofreciendo condiciones dignas a la población privada de la libertad, disminuyendo el hacinamiento y promoviendo la inclusión del pospenado en el mercado laboral.
Igualmente, pretende aumentar en un 10% la confianza en el sistema judicial, pasar del 40% al 50% de colombianos con sus necesidades jurídicas resueltas, implantar una política criminal integral coherente con la realidad nacional y prevenir la vinculación de jóvenes y adolescentes a la comisión de delitos.
En este marco, el Ministerio de Justicia y del Derecho plantea la lucha contra la criminalidad con sus proyectos ‘Ruta Futuro’ -política integral para enfrentar el problema de las drogas- y el ‘Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario’. Los dos articulan realmente los esfuerzos institucionales del Gobierno, optimizan recursos, proponen un trabajo coherente y a largo plazo de la política pública y tienen un eje de respeto por los Derechos Humanos y por la protección de nuestros niños y jóvenes.
En cuanto al trabajo jurídico, la cartera que preside Gloria María Borrero Restrepo espera fortalecer el ordenamiento normativo y trabajar en la disminución de litigios que cada año le cuestan al país miles de millones de pesos.
“Nuestras metas son transformadoras en la medida en que no solo piensan en gestión para el cuatrienio, sino que están construidas para dejar una cimentación fuerte en materia de justicia para las futuras generaciones”, ha dicho la Ministra Borrero respecto al Pacto cuya proyección va hasta 2030 y en el que el Gobierno Duque invertirá 126,1 billones de pesos. Como dice el refrán: ´amanecerá y verenos´