A espera sus resultados
Después de un accidentado trámite por las plenarias de Senado y Cámara, finalmente fue aprobada la nueva reforma tributaria, denominada en esta ocasión Ley de Crecimiento. Con ella el Gobierno confía en retomar las riendas de su política económica, que hubiera quedado comprometida de no haberse aprobado esta ley. Además de garantizar los recursos que se puedan recaudar con la nueva tributaria, el Gobierno logra una importante victoria política al obtener el apoyo necesario para sacarla adelante en el Congreso.
En la Ley de Crecimiento hay aspectos novedosos que buscan contribuir a aplacar la protesta callejera. La gran diferencia de esta Ley con la de Financiamiento, de 2018, que tumbó la Corte Constitucional, es su alto contenido social. La lista es larga: se va a compensar el IVA a la población menos favorecida con una suma fija en pesos que va a llegar por los canales para el pago de subsidios de programas como Familias en Acción, se va a crear la figura de tres días sin el cobro del IVA para un grupo de bienes y hasta cierto precio, se va a poder descontar el pago de intereses por préstamos de vivienda y educación (Icetex), y se reducen los aportes de salud de los pensionados de bajos recursos. Así mismo, se excluye a las cesantías del pago del gravamen del cuatro por mil y se favorece al primer empleo.
La reforma, además, mantuvo su énfasis en la lucha contra la evasión con el fortalecimiento de la Dian y también conservó las exenciones a algunas actividades productivas contempladas en Ley de Financiamiento, con el propósito de estimular la inversión y, por esa vía, al crecimiento. El Gobierno, al mantener las exenciones en el nuevo proyecto, fue fiel a su principio de considerar que la mejor política es no gravar en exceso al capital. Con esto, se tienen en cuenta los efectos de deslocalización de la inversión que pueden darse por tasas de tributación demasiado altas. En otras palabras, que las empresas vayan a países donde la tributación las favorezca.
Ahora bien, no se debe olvidar que las necesidades sociales van a seguir creciendo. La población colombiana está envejeciendo, la demografía dejó de jugar a favor, al reducirse tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad. Una población envejecida va a necesitar cada vez mejores condiciones de salud, un requerimiento que se suma a la urgente necesidad de reducir la desigualdad, para tener una sociedad viable. En pocas palabras, en poco tiempo se deberá tramitar una nueva reforma para garantizar recursos frescos que costeen esas demandas cada vez mayores de los ciudadanos.
Además de extenuante para la población y el Gobierno, el trámite frecuente de reformas tributarias es una situación indeseable e inconveniente desde el punto de vista técnico, por la inseguridad jurídica que produce. De otro lado, sostener las exenciones y subvenciones tiene una consecuencia muy complicada: la presencia de heterogeneidad de tasas impositivas sobre diferentes ingresos afecta la buena asignación de los recursos. Si esto se corrigiera, se obtendría el efecto virtuoso de aumentar los recaudos y permitir una reducción posterior de la tasa promedio.
En esta ocasión, como en el pasado, hay que reiterar que es fundamental construir un consenso alrededor de una reforma tributaria estructural que modernice el sistema de impuestos colombiano, de una vez por todas. Esencial, en ese enfoque, es la ampliación de la base tributaria. Al fin y al cabo, tributar más es fundamental para que como economía y sociedad Colombia pueda avanzar.