Orden de captura contra el empresario Carlos Mattos
Un juzgado de Bogotá confirmó la orden de captura en contra el empresario cesarense Carlos Mattos, quien es investigado por el presunto pago a servidores judiciales para quedarse con el monopolio de venta de Hyundai.
El Juzgado 14 de Conocimiento confirmó la orden de captura en contra del empresario, Carlos Mattos, quien es investigado por el presunto pago a servidores judiciales para quedarse con el monopolio de la venta de vehículos marca Hyundai en Colombia.
Dichos pagos, según la Fiscalía habría sido pagados a través de su abogado defensor Luis David Durán, quien tiene el beneficio de un principio de oportunidad con el ente investigador a cambio de su colaboración con la justicia.
Esta es la segunda instancia que confirma la decisión de un Juez de Garantías, donde se advierte que el empresario carece de arraigo en Colombia, toda vez que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Madrid, España.
El caso que ha tenido tanta trascendencia en el país según datos revelados por la Fiscalía llegaría hasta la formulación de circular roja de Interpol contra el empresario, toda vez que, el Tribunal español mantiene congelada su extradición.
ras resolver un recurso de apelación presentado por la defensa, el juzgado 14 de conocimiento de Bogotá dejó en firme la orden de captura en contra del empresario Carlos Mattos, quien enfrenta en el país dos procesos penales por presuntamente sobornar a funcionarios judiciales para resultar beneficiado con medidas cautelares.
El despacho judicial considera que la orden de captura es necesaria para que Mattos entente los dos juicios. En este sentido se considera que es evidente que el empresario ha hecho todo lo posible por evitar el actuar de las autoridades judiciales en Colombia.
“Carece (en referencia a Mattos) de arraigo en el territorio colombiano, su domicilio se encuentra en Madrid, España, y pese a los llamados que se le han realizado para que se presente a los procesos que cursan en su contra, ha sido rebelde y reticente a presentarse”, precisó el fallo de segunda instancia.
En este punto se advierte que en los dos procesos contra Mattos se ha tenido que declarar la contumacia puesto que no existe ningún interés de su parte para atender las citaciones o hacerse presente utilizando los recursos tecnológicos.
“En relación con la expedición de orden de captura, tal y como lo anuncia el juez de instancia la misma es necesaria para concretar la disposición y cumpla medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión dada la personalidad del encartado y su renuencia a comparecer a los procesos judiciales”, precia la decisión.
Lo anterior demuestra que la justicia colombiana definitivamente quiere a Carlos Mattos de regreso en el país: luego de insistir en su traslado a Colombia desde España a través de la extradición. Por ello se activó una nueva orden de captura en contra del empresario, quien hasta 2015 tuvo la representación exclusiva de Hyuindai en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía, el empresario colomboespañol le habría pagado alrededor de $100 millones a la jueza Ligia del Carmen Hernández para que lo beneficiara en una demanda que tenía contra Hyundai.
El juez noveno de control de garantías de Bogotá consideró que Mattos “podría obstruir a la justicia y evadir su responsabilidad”, por lo cual consideró que debía afrontar este proceso en prisión. Desde hace un tiempo el empresario se encuentra en España huyendo de las autoridades colombianas, quienes lo solicitan por presuntamente entregar millonarias sumas a dos jueces para que lo favorecieran en dos procesos que llevaba en contra de Hyundai y su representación en el país.
A comienzo de año se supo que la jueza 16 civil municipal, Ligia del Carmen Hernández, habría recibido por parte de Mattos cerca de 100 millones de pesos como “recompensa” por haber emitido unas medidas que lo favorecían. Dagoberto Rodríguez, exoficial mayor del Juzgado sexto civil, reconoció que él habría sido el encargado de entregarle esta suma en efectivo a la togada. Incluso, durante su testimonio aseguró que en una primera ocasión le habría llevado $30 millones en una caja de zapatos, pero Hernández lo habría devuelto porque era “muy poco para lo que había hecho”.
Según el ente investigador, las acciones de Mattos configurarían un delito de cohecho por dar y ofrecer. Incluso, la propia funcionaria ya admitió ante la justicia que sí recibió el dinero, aunque dejó claro que fue después de tomar la decisión. Hernández habría favorecido al sindicado en una solicitud de inspección a Global Car World, empresa que hace parte del grupo económico con el que Mattos tenía un pleito jurídico por la representación de la marca coreana. Por más de 25 años el empresario fue el único habilitado para vender autos Hyundai en Colombia pero, en 2015, dicha exclusividad fue cedida por la empresa asiática al conglomerado ecuatoriano Eljuri.
Hace tan solo unos pocos días se confirmó que Carlos Mattos está ad portas de volver al país. La Audiencia Nacional Española concedió el pedido de extradición en su contra realizado por la justicia colombiana. Ahora será el Consejo de Ministros de España el que dé el último aval para que el empresario sea deportado. Gracias a esta nueva orden de captura, cuando este regrese será detenido y llevado a un centro penitenciario. Si no se hubiera emitido esta nueva solicitud el día de hoy, el sindicado habría quedado libertad porque en enero se anuló una primera orden de captura en contra del empresario.
Además de este proceso, Mattos tiene una investigación anterior por haber sobornado supuestamente a un juez y manipulado el sistema de repartos de procesos en los juzgados de Paloquemao. Las pruebas en este caso señalarían que habría pagado una coima de cerca de $2.000 millones al juez Reinaldo Huertas para que emitiera una medida cautelar que le impidiera a la multinacional coreana venderle automóviles en Colombia a otra empresa que no fuera la de él.
Cabe recordar que este nuevo proceso contra el empresario surgió de las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de la juez Hernández pues, hasta el año pasado, solo se sabía de un pago irregular a un juez (Reinaldo Huertas).
En el caso de la juez Ligia del Carmen Hernández, la Fiscalía hizo una serie de hallazgos en los procesos de colaboración a los que se han acogido varios capturados dentro del proceso que hoy se conoce como el caso Hyundai. En específico tres de ellos: Edwin Macías Castañeda, Dagoberto Rodríguez y David Durán, ya capturados. Los tres le contaron a la Fiscalía que sabían que Mattos le envió dinero a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que para la época de los hechos era Ligia Hernández, a raíz de un proceso paralelo al caso Hyundai y que Dagoberto Rodríguez había sido el encargado de llevarle los fajos de billete a la hoy exjueza.
Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, a través de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal. En medio de las pesquisas de la Fiscalía, Rodríguez Niño, aceptó los hechos, el 4 de octubre de 2018, ante el juez 63 penal municipal con función de control de garantías.
De otro lado, según las pruebas en contra de la exjueza Hernández, el abogado David Durán habría hablado en varias ocasiones a Rodríguez para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza. Aunque la Fiscalía no fue clara con el monto, pues Rodríguez les contó que había sido por lo menos $200 millones pero todavía no hay evidencias para probarlo, Hernández aclaró durante la audiencia que recibió $100 millones. “Nada más”, agregó la investigada. Tanto Durán como Rodríguez coincidieron en que el pago se realizó después de que la exjueza fallara en favor de Mattos.
En otra ocasión relatada por Rodríguez, y que reveló la Fiscalía durante la audiencia en que la exjueza aceptó el cargo de soborno, el abogado se encargó de concretar una reunión con Mattos dentro de un carro y allí se habría pactado otro envío de dinero a Hernández. Con las tres declaraciones que coincidían con el mismo hecho, la Fiscalía procedió a verificar la información y realizó una inspección al archivo de la Judicatura. Tras esas pesquisas, el ente investigador estableció que, en efecto, para la época de los hechos narrados por los tres hombres, la exjueza Hernández tenía en su despacho una demanda presentada por la empresa de Mattos.