La eterna discusión sobre el salario mínimo
Esta semana el país estará expectante frente a los avances de la mesa de concertación laboral, que debe definir el incremento del salario mínimo y del subsidio de transporte para 2020, para lo cual los negociadores tienen hasta el 30 de diciembre pues, de no hacerlo, le corresponderá al Gobierno definirlo por decreto. Aun cuando hay antecedentes positivos de concertación, es claro que el entorno de las marchas y la posición sindical en el comité de la mesa del paro nacional, hacen más complejo arribar a un acuerdo. En todo caso, hay unas dinámicas adicionales que comenzarán a marcar cambios en la forma como se verán en adelante las lógicas y construcción de consensos para lograr un monto final de salario mínimo anual.
En efecto, va siendo tiempo que, como en otros lares, cobren protagonismo en las mesas de concertación salarial las voces de los desempleados y de los trabajadores de la economía informal, quienes de una u otra forma resultan impactados por lo que ocurra con el trabajo formal y la aplicación de los salarios y prestaciones sociales. Abrirle un asiento a cada uno de estos sectores puede ayudar a ver el mundo laboral colombiano con una perspectiva más real.
Si es natural desear que todos los trabajadores formales reciban salarios superiores al mínimo, es sensato mirar con la óptica del pragmatismo que un incremento más allá de los niveles que nuestras pequeñas y medianas empresas pueden asumir, pone en riesgo la preservación de puestos de trabajo y restringe la apertura de nuevas plazas, de manera que, buscar el equilibrio para que el incremento del mínimo no se refleje en el aumento del desempleo pero que, a su vez, preserve el poder adquisitivo del salario percibido en el tiempo, es un arte de filigrana que no hace envidiable estar sentado en la mesa de concertación. Otro tanto a considerar es el del análisis de la productividad del país, que no ha mejorado lo suficiente, y es un renglón en el que tenemos que esforzarnos más, no solo para identificar los factores que no permiten un crecimiento acorde con los promedios de los miembros de la OCDE, sino para poner en marcha tantas propuestas sobre el tapete cuya discusión no parece del interés ni del Congreso ni del Ejecutivo ni de la academia, justamente cuando instituciones de prestigio internacional detallan que los países con alta informalidad son precisamente aquellos donde es más baja la productividad.
Por su parte, los gremios empresariales propusieron que el incremento debería ubicarse alrededor del 4,5 %, con un alza de 37.000 pesos. Es decir, el salario para 2020 sería de 865.381 pesos, más un subsidio de transporte de 101.398 pesos. La diferencia entre ambas partes es de aproximadamente 30.000 pesos, la cual deberá resolverse antes del 15 de diciembre, aunque el gobierno puede convocar jornadas extraordinarias hasta el 30 de este mes. De no lograrse un acuerdo en esa fecha, el gobierno deberá establecer el nuevo salario mínimo por decreto.
Los desencuentros naturales entre sindicatos de trabajadores y gobierno por el aumento del salario mínimo se han unido a la tensión derivada del paro nacional. Estos elementos sumados han generado que el escenario de debate salarial esté convulso y que las posibilidades de que se llegue a una cifra concertada, como ocurrió en 2018, se alejen bastante.
Entre lo que más aleja a las partes de un acuerdo está la metodología para concretar la cifra de productividad y, desde luego, el Paro Nacional, tema que, aunque el Gobierno busca separarlo, no puede verse al margen de la discusión salarial. Analistas coinciden en que la posibilidad de que el salario termine concretándose vía decreto es cada vez más cercana. Esto teniendo en cuenta que el ambiente de la negociación se ha tornado hostil por cuenta de los desencuentros en torno a la cifra de productividad. Ojalá y las dos partes reciban la ´iluminación´ y el buen ánimo para lograr ese acuerdo.