Ecopetrol, la ambición soñada de cada gobierno
Los últimos gobiernos, Uribe y Santos en sus dos mandatos cada uno, soñaron siempre con vender hasta el 20% de la participación accionaria del Estado en Ecopetrol. Y quienes fungieron como ministros de Hacienda en cada una de esas administraciones, se paladearon en muchas ocasiones los cuantiosos recursos que le generaría la enajenación del restante 8,5% que aún falta por vender, que los más escépticos transan en unos 6 billones de pesos.
Y desde luego que el actual gobierno de Duque no ha sido ajeno a esa tentación, a la de vender esa participación accionaria, solo por la ambición de tener plata en caja. De ahí que no nos extraña el reciente anuncio hecho por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de que se está considerando enajenar 8,5% de Ecopetrol como una de sus más firmes posibilidades para obtener los recursos que requiere para atender parte de las necesidades de inversión en 2019.
Como es conocido, la Ley de Financiamiento no va a poder recaudar sino un poco menos de la mitad de los 14 billones que se necesitan para el llenar el hueco que existe en el presupuesto del presente año. Para suplir ese dinero el Gobierno tiene varias opciones que van desde reducir el gasto, pasando por aumentar la eficiencia del Estado, hasta la posibilidad de vender parte de ese activo.
Esta última no es una decisión fácil por la sensibilidad que despierta entre los colombianos que se ponga en venta la “joya de la corona”, una empresa que genera ingentes recursos al Estado y que supo reinventarse cuando la caída de los precios del petróleo amenazó su supervivencia. De hecho, ya se han levantado voces que se oponen a la iniciativa con el argumento de no cambiar un activo estratégico consolidado y rentable por inciertas inversiones estatales en otras ramas de la economía.
De hecho, existe una posibilidad que no involucra la venta parcial de la empresa y es la de distribuir dividendos a partir de las utilidades obtenidas en 2018. Estas últimas alcanzaban al tercer trimestre de ese año un monto de $8,9 billones, con la posibilidad de alcanzar en el año completo al menos $2 billones adicionales. Esta opción tiene de positivo que no tocaría la estructura societaria de Ecopetrol. Sin embargo, solo una parte de ese dinero iría al Gobierno y, al mismo tiempo, obligaría a la empresa a endeudarse para realizar su plan de inversiones que contempla la incorporación urgente de reservas a su portafolio, ya sea por el camino del recobro en los pozos actuales, hallazgos de su exploración o la compra de las mismas en otros países.
Si la decisión de la venta se consolida es indispensable definir la modalidad con la cual se realizaría la operación. Existen, al respecto, dos posibilidades. La primera es una capitalización de la empresa emitiendo para esto nuevas acciones para que sean colocadas dentro del público. La segunda opción es una venta de las acciones de la empresa que pertenecen al Gobierno.
Cada alternativa tiene sus pros y sus contras. En el primer caso, el dinero entra directamente a la empresa y podría llegar a la Nación vía distribución de dividendos solo en 2020. De otro lado, por la Ley 1118 de 2006 las capitalizaciones no pueden reducir la participación de la Nación por debajo del 80 %. Esto lleva a que solo reciba esa proporción de los dividendos que distribuya Ecopetrol. El aspecto positivo de esta capitalización sería la posibilidad de que la empresa financie sus inversiones y reparta una proporción mayor de sus utilidades como dividendos.