La presencia de la ONU en el país
El presidente Iván Duque acaba de enviar un mensaje claro a los ciudadanos, y a los críticos, de que para su gobierno es esencial la observancia de la protección y el cumplimiento de los derechos humanos en el país. La firma del Acuerdo Relativo a la permanencia por tres años más de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia así lo corrobora.
Se manifiesta la voluntad de las partes de colaborar mutuamente en el seguimiento y tratamiento de las situaciones de conflicto social, político y armado que aún afectan a amplios territorios como Tumaco, Catatumbo, Chocó y Cauca, donde hechos recientes de violencia (dos matanzas con un saldo de nueve muertos) ratifican la importancia de la presencia de este organismo para afinar la atención a las víctimas y a los problemas mismos que originan estas violaciones de DD.HH.
Pero esta nueva prórroga, además de contemplar la actualización del contenido del acuerdo que en 1996 abrió paso al establecimiento de la Oficina en Colombia, también perfila el aporte de la experiencia acumulada por el país en el tratamiento de la problemática amplia de vulneración a las garantías ciudadanas por parte de actores armados ilegales y derivada, en ocasiones, de las limitaciones del Estado y de su capacidad de respuesta institucional.
La Cancillería, tras una negociación de meses con la Oficina, considera un avance que se aliente “el intercambio de experiencias y buenas prácticas institucionales en materia de derechos humanos, incluido el impulso de la cooperación de Colombia con otros países, en temas como la elaboración, implementación y seguimiento de Planes de Acción en materia de derechos humanos” e indicadores de derechos humanos.
Es afortunado que este acuerdo se dé en un contexto nacional en el cual numerosas violaciones de derechos humanos han descendido respecto del momento convulso en el cual la Oficina se estableció en el país en los noventa: masacres pavorosas de diez y más personas mes a mes, tomas guerrilleras demoledoras de poblados periféricos, secuestros por arriba de mil casos anuales, desplazamientos y confinamientos de población civil en escalas como las de Riosucio, Chocó (1997-98), y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en la guerra territorial entre guerrillas y paramilitares (1994-2004).
Colombia muestra avances notorios en el copamiento institucional de amplias áreas otrora en manos de grupos armados ilegales, con la población civil a merced de tropelías y sufrimientos inenarrables. Aunque hoy hay focos de tensión y áreas en las que la disputa por las rentas del narcotráfico impactan a los pobladores, los indicadores son otros. Así mismo lo es la experiencia y eficacia en la atención y prevención de violaciones de derechos humanos.
Ese trabajo en equipo, colaborativo, no exento de tensiones y diferencias conceptuales y políticas entre las partes, por momentos, es el mismo que hoy da continuidad a la presencia de la Oficina y a su aporte, pero a su vez a la retroalimentación que hoy propone el gobierno Duque.
Avanzar a una democracia sólida, garantista, requiere poner en el punto más alto el respeto de los derechos humanos, para que, llegado el momento, la estadía y el trabajo de la Oficina se perciban innecesarios, a partir de esta acción productiva y concertada que hoy se prorroga.