El negocio de los drones contra los cultivos ilícitos

El Gobierno colombiano le ha dicho al país y la comunidad internacional que este año serán erradicadas unas 100 mil hectáreas sembradas de coca. Sabemos por anticipado que son anuncios alegres que no se podrán cumplir.

Al inicio de la administración Duque se dijo que esos sembradíos de coca iban a ser destruidos con drones especializados en la tarea. Inclusive, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó en su momento que esas s aeronaves estaban listas y apoyarían la aspersión de cultivos ilícitos en el país y con modificaciones ordenadas por la Corte Constitucional: boquillas de fumigación de ultra bajo volumen, que produzcan gotas más finas y menos susceptibles al viento. Y recordemos que desde el inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque al 22 de diciembre el Ministerio de Defensa habrá erradicado más de 30 mil hectáreas. Así mismo, el Ministro destacó que el Gobierno Duque inició actividades de erradicación manual con 23 Grupos Móviles de Erradicación, pero cerró el año con 73 y aspira que en el 2019 estén operando 100 de estos grupos.

“Puede que no todos los Grupos estén listos al inicio de 2019, pero progresivamente iremos incorporando nuevos grupos erradicadores como una medida de disminuir los cultivos ilegales, mientras se define todo lo ateniente con la aspersión aérea, si es que a ella hubiere lugar. Nosotros en 2019 tenemos que erradicar 100 mil hectáreas y yo estoy seguro que lo vamos a lograr”, puntualizó Botero.

El área sembrada en coca en Colombia ha sido dolor de cabeza desde hace años. Según Washington, son entre 220 mil y 230 mil hectáreas; según nuestro Gobierno, entre 170 mil y 180 mil. Sea lo uno o lo otro, una extensa área agrícola está sembrada en coca y toda su producción se transforma en cocaína que se consume tanto en el extranjero como en nuestras ciudades.

Establecer cuál es la más certera política de erradicación de tales cultivos ha sido motivo de agudo debate; es complejo dilucidar qué argumentos son atinados y cuáles se basan en intereses políticos, o en intereses económicos de fabricantes de productos agrícolas utilizables para tal labor, o de fabricantes de tecnologías usables para tal menester, entre otros.

Eso ha dificultado establecer el camino a seguir al respecto. Una sentencia de la Corte Constitucional, de 2.013, ordenó suspender las fumigaciones aéreas desde avionetas por causar daños colaterales. Sentencia de una Corte Internacional condenó a Colombia a pagar perjuicios provocados a tierras ecuatorianas al usarse avionetas para fumigar narcocultivos.

La administración Santos Calderón impulsó la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual; hubo críticas por ser ello lento, mientras la resiembra de lo erradicado era veloz.  Y fue tal vez el más oscuro punto negociado en el Acuerdo de La Habana.

Ha quedado demostrado que los drones no son aptos para utilizar con eficacia y contundencia en estas labores de erradicar cultivos ilícitos con el uso de tal tecnología. Inclusive, un gobernador advirtió que los drones usados no tienen la velocidad necesaria para combatir  tales cultivos. Después, el ministro de Defensa manifestó que los resultados de tal fumigación son insuficientes, insatisfactorios, que los drones usados no son los adecuados. Altos mandos de la Policía consideran que dichos drones tienen poca capacidad de carga de la sustancia a fumigar, su recorrido es lento, que trabajan bien en terrenos planos pero en terrenos montañosos su labor es deficiente y que al encontrar un árbol, el dron termina quedándose estático.

Ahora, proponen complementar el uso de drones con la acción de dragas, erradicación manual y aspersión aérea. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar este nudo gordiano? Averígualo Vargas. O mejor, esa platica invertida en los drones contra los cultivos de coca, se perdió.