Diario del Cesar
Defiende la región

Ya van dos asesinatos y 30 agresiones contra candidatos regionales

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La Misión de Observación Electoral, MOE, reclamó del gobierno de Iván Duque Márquez, adoptar un plan de acción oportuno y específico para los líderes políticos y candidatos, porque cuando apenas arranca la campaña ya han asesinado a dos candidatos y son decenas las amenazas.

Según la MOE al cierre de enero y en menos de 72 horas asesinaron a dos candidatos, el primero el precandidato a la Alcaldía de Cerrito-Valle del Cauca, Silvio Montaño Arango el pasado 29 de enero y el segundo, Jorge Herney Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José Uré -Córdoba, el 30 de enero.

De la misma forma la MOE ha identificado 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control.

Las cinco regiones más afectadas por hechos de violencia política son Cauca y Bogotá, con 6 hechos cada uno; le siguen Cesar, con tres hechos; finalmente, Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno.

“La MOE rechazó estos hechos de violencia y solicitó a la Presidencia de la República que se integren a todos los partidos y movimientos políticos en las estrategias para prevenir el escalamiento de este tipo de agresiones”, señaló la organización.

Se resalta además el incremento de amenazas que se han venido intensificando contra candidatos y funcionarios electos.

“La primera ocurrió el pasado 20 de enero contra dos diputados de Putumayo, la señora Yuri Quintero de la Alianza Verde y Euler Guerrero del Polo Democrático Alternativo. La segunda en Bogotá, dirigida contra dos precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf; y cuatro Congresistas: los excandidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia Humana, Angela María Robledo y Gustavo Petro; el Senador del PDA, Ivan Cepeda y el Senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde”, expresó Alejandra Barrios, presidente de la MOE.

Barrios concluyó que “si bien se reconoce la importancia de la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es necesario involucrar a todas las organizaciones políticas, a miembros de la oposición y servidores públicos elegidos por voto popular, ya que el actual Plan de Acción Oportuna solo cobija líderes sociales y comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”.