¿Por qué la superintendencia de salud está interviniendo las EPS?
La crisis de la salud en el país parece una novela de no acabar. El capítulo más reciente fue la intervención de la EPS Cruz Blanca por parte de la Superintendencia de Salud, y al mismo tiempo, la Procuraduría elevó una solicitud para que ese organismo intervenga también a Coomeva.
Y es que de acuerdo con el ente de control, la EPS Coomeva tiene una deuda por 2,2 billones de pesos, lo cual ha generado que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) no presten servicios de salud a los afiliados. Se calcula que 2 millones de usuarios estarán en riesgo de no tener servicios de salud de no tomarse cartas en el asunto.
Además, el aumento de quejas por parte de los usuarios ha prendido las alarmas sobre los procesos de atención en salud de Coomeva y otras EPS. En el caso de Cruz Blanca que aunque cueste creerlo, los problemas no son recientes y se ha presentado con otras EPS incluso desde hace 8 años, cuando Saludcoo fue intervenida por el Estado.
¿Qué significa, entonces, la intervención a Cruz Blanca y una posible intervención a Coomeva, (que ya no funciona en tres departamentos) cuando la vida de millones de personas afiliadas siguen a la espera de tratamientos y citas médicas para enfermedades de alto costo desde hace meses e, incluso, años?
Problema de vieja data
En el año 2011, la EPS Saludcoop fue intervenida y luego fue liquidada en el 2015 mediante la Resolución 2414 del 24 de noviembre de ese año, debido a que esta entidad tenía una cartera vencida, es decir, créditos en mora que se convierten en un activo de riesgo, por un monto de $370 mil millones. Por su parte, la EPS Cafesalud, también perteneciente al Grupo Saludcoop, fue vendida a Medimás.
Cruz Blanca, perteneciente al grupo Saludcoop, fue la más reciente intervención. Ana Leonor Arroyave, quien se desempeñaba como Gerente de la EPS, fue removida del cargo y en su lugar se asignó como agente especial a Felipe Negret, quien deberá determinar si la empresa sigue siendo económicamente viable y dar aviso a las autoridades sobre las irregularidades. Esta EPS es considerada como la peor entidad calificada en el escalafón del régimen contributivo, porque es la que mayor número quejas de usuarios tiene registradas ante la Superintendencia de Salud.
Ahora bien, sumado a este escándalo, está el de la grave situación de Coomeva. Y su intervención, según la Procuraduría que fue la que la solicitó, tiene como fin no dejar desamparados a los 336.000 usuarios que tiene en el país.
En el caso de Coomeva, los usuarios también fueron los impulsores de la solicitud de que sea intervenida por el Estado. Hace 20 días, 20 afiliados se declararon en huelga de hambre y se encadenaron a las afueras de la sede en Santa Marta, para exigir la pronta atención de la EPS para sus familiares con enfermedades de alto costo, quienes no están tratamientos, citas con especialistas ni medicamentos.
Elisa Torrenegra, directora de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud en Colombia (Gestarsalud), asegura que una intervención estatal a las entidades prestadoras de salud no sería una buena decisión, ya que los afiliados quedarían desamparados y sus vidas estarían en riesgo por no tener acceso al servicio de salud.
“Una intervención no es la solución, al contrario, pone en riesgo la oportunidad de garantizar el derecho a la salud. Además, decisiones de este tipo generan pánico en los usuarios. La toma de decisiones debe ser planeada y organizada, por ende, ninguna medida sancionatoria debe poner en peligro la salud de la gente”, destacó Torrenegra.
Por otra parte, Torrenegra enfatizó que la Superintendencia de Salud tiene una responsabilidad muy grande en cuanto a la vigilancia, la inspección y el control que se tome sobre las posibles regulaciones que se puedan hacer a Coomeva y Cruz Blanca. Por lo tanto, es una situación que debe ser manejada con cuidado y competencia por parte de la entidad.
Por su parte, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, explicó que las decisiones que se toman tienen que ver con suplir el hueco de deuda que tiene hoy el sistema de salud. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, el régimen contributivo debe un billón 968 mil millones de pesos, mientras que el régimen subsidiado, 4,9 billones de pesos.
En este sentido, Aristizabal anunció que el déficit total que tiene el sistema de salud es de $16 billones y que el Estado colombiano va a dar $7 billones y el resto tendrá que ser captado por las EPS.
En cuanto al caso específico de Coomeva, pese a que hay una solicitud formal de la Procuraduría, y que se debe pensar en cómo se debe capitalizar Coomeva, Aristizabal dijo que “la Superintendencia no ha radicado una autorización de la capitalización de esta EPS. Seguiremos tomando de decisiones para evitar un daño sistémico en el sector salud”.
Finalmente, la directora de Gestarsalud destacó que bajo ninguna circunstancia, los usuarios deben ser desamparados o deben sufrir negligencia por parte del sistema de salud. “Hay que garantizar la vida de la persona y el acceso al servicio de salud, independientemente si hay una medida administrativa, ya sea una intervención o cualquier otra, no puede poner en peligro la vida de un usuario”.
Bogotá, (Colprensa).