Diario del Cesar
Defiende la región

La historia del Cesar, olvidada y ´consumida´ por la indiferencia

363

POR: EDUARDO MOSCOTE SIERRA

El pasado 18 de julio del 2019, Francisco Valle, Ana Herrera y Tomás Herrera, únicos empleados por 20 años de la Academia de Historia en Valledupar, celebraron la asignación de $191 millones por parte de la administración, destinados a mejorar el lugar consumido, intensamente, por el deterioro.

Pero el lugar ubicado en la calle 15 con carrera 7 y que guarda gran parte de la historia del departamento y la ciudad, continúa soportando batallas como el concretar un financiamiento para la academia y evitar su desaparición.

Para Francisco Valle director encargado por dos décadas sería un problema el retiro de este centro que se une a los de Bogotá, Cartagena y Santa Marta.

Estuvo a punto de desaparecer completamente luego de que se ultimó presidente (Adalberto Márquez) decidiera retirar y liquidar el lugar; el hecho fue revocado por otros miembros de la junta quienes suplieron esta decisión.   Se está a días de tener el certificado oficial, nuevamente, de Centro de Historia.

Aunque no obliga al Gobierno a destinar mayores recursos en su condición de derecho privado, se evaluaría resolver la problemática presupuestal asumida por muchos años por Ernesto Palencia, su creador.

Comentaba el veterano de apellido Valle que de concretarse rubros fijos por parte de la Alcaldía Municipal, se debería regir bajo el artículo octavo de la Constitución Política de Colombia.

En el mismo se ordena: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, la Norma es vigilada por el Archivo General de la Nación Colombia, quien manifiesta  que cada ciudad del país, “debe contar con un lugar para la salvaguardia de documentos y objetos históricos”.

En la academia como se apreció en el recorrido del medio, se albergan documentos notariales, fototecas, pinacotecas, museos antropológicos y otros espacios.

“La decisión debe ser aprobada por el alcalde y el gobernador del Cesar, pero nosotros manejamos esta disponibilidad: entregar el valor presupuestal al director del archivo histórico para que tome decisiones y suministre el pago a la única secretaria, aseadora y celador del recinto”, comentó Francisco.

SIETE AÑOS SIN PAGOS Y TRABAJANDO CON LAS UÑAS

Conversando entre los 2.000 libros notariados de los años 1700 y 1825 que rebosan en el Centro de Historia de Valledupar; fotografías y herramientas indígenas, Ana Herrera secretaria por 13 años narra como a falta de utensilios básicos como computador, lapiceros y hojas, recurre a las ‘uñas’ para poder trabajar.

Inició en el 2006 y desde el 2011 dejó de recibir pago por sus labores, otro problema que ha tenido que soportar, sumando los años que juegan en su contra y el aumento de desempleo que se vive en Valledupar que no les ha permitido buscar otras oportunidades.

Su sueldo desde el primer contrato se basó en el  mínimo legal vigente, por lo que sumando los siete años y otros aranceles; y lo explicado en la última audiencia, su deuda ascendería a $83.000.000.

En su posición está: “No queremos irnos de la academia, fue otra casa, solo queremos que nos reconozcan todo el tiempo y esfuerzo invertido aquí.  Es nuestro derecho y obligaciones de los entes encargados”.

EL VIGILANTE DE LA HISTORIA CESARENSE

Testigos son sus canas y algunas arrugas que enmarcan el rostro de Tomas Ortega, un vallenato de 60 años y encargado dice, de una de las labores más importantes del ‘templo’ histórico: ser vigilante de los archivos que reposan y cuenta los logros y desaciertos de esta zona del país.

Tomó asiento, colocándose cómo para remembrar como hace años atrás, cuando Ernesto y Manuel Palencia eran los directores de este sitio, la situación monetaria era diferente: los antes mencionados, como un acto sagrado, conseguían periódicamente cancelar sus deudas a través de recursos asignados por la Gobernación.

Luego de sus muertes –hace ocho años – ni la junta directiva ni los pagos volvieron a aparecer. Frente a los olvidos muchas veces quiso salir corriendo y lograr conseguir otra fuente de empleo, pero su compromiso y algunas amenazas indirectas se lo impedían.

“Amigos me decían que porque no me iba y dejaba eso ahí, a un lado, pero el Archivo General encargado de velar por la historia tangible de Colombia me decía que primero debía arreglar la situación pues, de extraviarse alguno de los elementos, podía pagar judicialmente”.

¿POR QUÉ ES VALIOSA LA ACADEMIA DE HISTORIA?

Dentro de este sitio, ubicado en el corazón de Valledupar reposan más de 2.000 libros notariados y escrituras de 1727 y 1785; piezas arqueológicas en oro y arcilla de indígenas Chimilas y Arhuacos; fotografías del Cesar y sus gobernantes; pinturas más connotadas de Jaime Molina y los primeros periódicos de Valledupar: Antorcha Provinciana, Antena Cesar y Diario Vallenato

Estos son algunos de los elementos que le dan el componente valioso al Centro de Historia de Valledupar.  Su vínculo con el pasado hace que tenga cuidados esenciales y determinantes para su preservación: ser limpiados con guantes, brocha final y delgada; con movimientos suaves, evitando recibir el polvillo, fatal para los pulmones, comenta desde su experiencia Tomás Ortega.

El deterioro que soportó hasta el inicio de este año, hicieron que para preservar algunos archivos de las ruinas, hongos, comején y goteras, fueran trasladados al Archivo General de la Nación, que retuvo 32 caricaturas de Jaime Molina, siete rollos de filmación y 128 libros notariales.

EL ARCHIVO DE HISTORIA

Además del Artículo ocho, otros puntos de la Constitución Política de Colombia, también se encargan de salvaguardar la riqueza histórica del país, entre ellos:

Artículo 15, el cual manifiesta: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

En el Artículo 20 se soporta que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.

En el 23 resalta que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  “El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

El Artículo 63 subraya: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Art. 70 C.P. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Art. 71 C.P. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Art. 72 P.C. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Art. 74 P.C. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.