Diario del Cesar
Defiende la región

Protección para líderes sociales y periodistas

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Las estadísticas son escalofriantes. En dos años, entre agosto de 2016 y finales de 2018, fueron asesinados cerca de 360 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La cifra a hoy es mayor por cuanto en los últimos tres meses la racha fatal no se ha detenido, pese a los planes de choque que tanto el anterior gobierno como el actual han implementado.

Como siempre pasa en esta clase de situaciones, las estadísticas oficiales difieren de las que manejan las organizaciones no gubernamentales, como también es recurrente que se generen polémicas sobre las hipótesis que surgen tras los crímenes, al punto que mientras para los activistas toda muerte violenta tiene una causal directa en la labor que desempeñaba la víctima, las autoridades prefieren esperar las investigaciones, algunas de las cuales han evidenciado que una parte de los ataques sí tuvo origen en acciones perpetradas por facciones de la guerrilla, bandas criminales, minería ilegal y opositores a la reparación de las víctimas de la violencia, pero otra proporción fue por riñas personales, problemas de tipo económico e incluso en móviles pasionales. Paradójicamente esa mayor claridad sobre lo que hay detrás de cada crimen se ha logrado porque la eficiencia de la Fiscalía para indagar sobre los asesinatos ha permitido que en un 55 por ciento de los casos se descubrieran los autores materiales o intelectuales.

Sin embargo, como es apenas obvio, tan importante es combatir la impunidad en estos asesinatos, como evitar que se produzcan y más aún en la escalada creciente de los últimos tres años. Es en este último aspecto en donde resulta clave el nuevo Plan de Acción Oportuna (PAO) para la prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. La estrategia, lanzada esta semana por el gobierno Duque, tiene como base la articulación de las medidas estatales a todo nivel para dar una respuesta efectiva y rápida cuando se detecte un nivel de riesgo o amenaza a alguna de las personas que desempeñan los roles antedichos.

Para lograr ese objetivo el PAO parte de tres ejes estratégicos, el primero de los cuales es la articulación y reingeniería institucional que debe acabar con los choques de competencia, duplicidad funcional y desconexión de las entidades encargadas de proteger a los activistas. Esa falta de coordinación ha resultado peligrosa e incluso fatal para muchos líderes que denuncian amenazas, pero que no reciben las medidas de seguridad prontamente porque las entidades del orden nacional, regional y local no se ponen de acuerdo sobre qué le corresponde hacer a cada cual. El segundo eje temático se refiere a la actuación estratégica en el territorio, que permitirá focalizar la acción estatal en las zonas de mayor riesgo para los líderes sociales. El tercer principio rector es una estrategia de comunicaciones y capacitación dirigida a activar campañas para contrarrestar la estigmatización de los activistas de derechos humanos, de forma tal que las comunidades entiendan la importancia de su función y se conviertan también en su primera línea de protección.

Sobre el papel el PAO es un modelo viable e integra de forma proactiva y eficaz las tareas, competencias y responsabilidades de la Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría y otras instancias oficiales. El reto es ponerlo en práctica de forma rápida, sobre todo en las regiones rurales y suburbanas en donde el Eln, las disidencias de las Farc, las bacrim, los carteles del narcotráfico, minería ilegal, deforestación y otras actividades delincuenciales ven a los líderes y activistas como un enemigo al que hay que acallar a como dé lugar. Ya en el pasado se anunciaron otros planes de choque que, lamentablemente, al tenor de las cifras crecientes de victimización, es claro que no funcionario como se esperaba.