Cinco denuncias al día recibe la Defensoría del Pueblo contra la Unidad de Víctimas en Valledupar. Los beneficiarios piden gestionar el pago de lossubsidios.
Luis Acero, asesor de la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo, informó que la inoperancia en la Unidad de Víctimas será un tema que la Defensoría asumirá como prioridad ante las constantes denuncias de los afectados que a diario visitan la dependencia en busca de una solución.
A diario hasta cinco personas se reciben en la sede regional implorando asesoría por la falta de información. Siendo el más grave de los casos el extravío de documentos que dejan al beneficiario sin un arma para reclamar el subsidio. “No hay una claridad de información hacia la ciudadanía y es una constanteque se repite en todo el país”, dijo.
También se registran las demoras en la entrega de los subsidios, pero eso es debido al volumen de solicitudes que llegan a diario a la Unidad de Víctimas. En Valledupar las cifras muestran un censo de un aproximado de 78.000 víctimas del conflicto armado.
Mareyda Tarazona, desplazada en el municipio Agustín Codazzi, acudió a la Defensoría a solicitar ayuda por cuando tiene 10 años esperando por el subsidioque inesperadamente le quitaron. “Me voy a morir y no voy a beneficiarme, la Unidad de Víctimas no responde a mis peticiones”, dijo.
INVASIÓN LABORAL
Por otra parte el Asesor de la Defensoría del Pueblo informó que otro de los problemas que se presentan en la zona, es la pérdida de la calidad laboral por parte de la mano extranjera, especialmente de migrantes venezolanos. La denuncia constante es que los patrones prefieren contratar personal de manera ilegal para pagar un sueldo inferior al estipulado por las leyes, dijo Acero.
Resaltó que el sector que tiene mayor incidencia es la construcción, existen grandes contratistas que se han acobijado en la mano de obra extranjera para ahorrar recursos. “En estos casos la Defensoría del Pueblo se está dando a la tarea de clasificar estas denuncias y se radicarán al Ministerio del Trabajo paraque exigir la regulación de estas acciones que no solo se está presentando en Valledupar, sino en todo el territorio colombiano.