Las Peticiones de la procuraduría a la JEP por casos de corrupción
Dos peticiones hizo la Procuraduría General a la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera de ellas relaciona a el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad, en la que le solicita que se condicione la permanencia del proceso judicial en dicho tribunal.
En ese caso, el Ministerio Público argumentó que delitos de corrupción como peculado por apropiación y cohecho, en la investigación que se conoce como ‘Cartel de la Toga’ no debe ser conocido por la JEP.
Por el contrario, consideró en su concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que el acogimiento del excongresista, solo debe cobijar el delito de concierto para delinquir, por el vínculo con el conflicto armado interno, producto de las alianzas con grupos paramilitares.
Así las cosas, la Procuraduría reiteró que el excongresista, para acceder y permanecer en el Sistema Integral y en la JEP, debe aportar verdad exhaustiva y comprometerse con la no repetición de los hechos victimizantes, con un plan programático y detallado que deberá satisfacer los intereses de las víctimas.
Por otro lado, también solicitó a la JEP revocar el ingreso del exsenador Álvaro Ashton Giraldo a ese sistema, por los casos relacionados con el denominado ‘cartel de la toga’.
Al presentar un recurso de apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que los delitos por los que es investigado – cohecho y amenaza a testigo -, no tuvieron relación con el conflicto armado y por lo tanto no son competencia de la JEP.
Agregó que los comparecientes a este sistema de justicia transicional deben comprometerse a aportar la verdad y a contribuir a la no repetición de hechos victimizantes, razón por la cual no puede aceptarse la voluntad de ofrecer verdad por conductas cometidas con el interés personal de manipular las decisiones de los jueces, tal como ocurrió en el llamado ‘cartel de la toga’.
El Ministerio Público precisó que no se puede permitir que las conductas de cohecho y amenaza de testigo por las que la JEP aceptó el sometimiento de Ashton Giraldo, se confundan con los hechos del conflicto armado, más aún cuando no fueron cometidas para favorecer o colaborar con grupos armados y tampoco para financiar el conflicto armado interno.
BOGOTÁ (Colprensa).