Diario del Cesar
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Juez ordenó cárcel para el exalcalde Efraín Quintero por corrupción en el PAE

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En fallo de segunda instancia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, le fue ordenada la medida intramural contra el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, investigado por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar-PAE para el año 2015.

La decisión del togado obedeció luego de  la apelación de la Fiscalía Quinta Seccional, a cargo de las pesquisas. Frente a esta decisión, al exmandatario le ordenaron la expedición de una orden de captura, al igual que al secretario de educación municipal Raúl Casimiro Bermúdez, implicado en la investigación. A la contratista, Linda Xiomara Navarro Hernández, quien había sido cobijada como los demás exfuncionarios con la medida no privativa de la libertad, le dictaron detención domiciliaria. A los procesados les imputaron los delitos de peculado por apropiación, celebración sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El caso por el que fueron procesados alude a la celebración de dos contratos celebrados entre la Alcaldía de Codazzi en el año 2015 con dos empresas privadas sin ánimo de lucro, con los con los que presuntamente, se buscaba darle cumplimiento al PAE tanto en la zona rural como la urbana de esa población.

EL PROCESO

El primer descubrimiento hace alusión a que la pasada administración, suscribió el convenio de cooperación No. 001 del 30 de enero del 2015 por un valor de $418.251.040 con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, que funge como entidad sin ánimo de lucro, con el fin de garantizar el servicio del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en las instituciones educativas de esa población por un término de 62 días hábiles para la vigencia del 2015. De dicho contrato, $379.975.680 debían ser aportados por el municipio y $38.282.360 a la empresa contratista, siendo el secretario de educación la persona designada como supervisor.

“Para este no se aplicaron criterios técnicos con convenios comparativos para establecer los justos precios y no se cumplió con la etapa de planificación para llevar a cabo el contrato. En estas circunstancias, por el concepto de desayunos y almuerzo, pactaron valores de $2.500, que estaban muy por encima de los planteados por la Gobernación del Cesar para el cumplimiento del PAE. De este existe una sobreestimación en el convenio de unos $111.877.856. Aunado a ello, se desconocieron los requisitos aplicables y que se exigen en materia contractual por tanto aquí no se hizo una selección objetiva, sino que lo hicieron de manera directa, sin efectuar una licitación pública o un procedimiento abreviado”, dijo la Fiscalía.

EL SEGUNDO CONTRATO

De otro lado, señaló que entre los tres presuntos responsables,  se suscribió el contrato de prestación de servicios N°002-2015 del 5 de junio de 2015, por un valor de $1.226.177.920, pero que en la etapa de ejecución no se hicieron los respectivos estudios de costo, ni hubo un análisis de consumo de precio, sino que se recurrió a la celebración de otros contratos para fijar los montos que figuran en dicho convenio, que, supuestamente, arroja una diferencia de $341.266.240.

Al parecer, el convenio fue financiado con recursos del municipio destinados a través del Sistema Regional de Regalías, cuando la Gobernación del Departamento del Cesar a su vez había suscrito contrato para la ejecución del mismo programa, el cual incluía las instituciones educativas oficiales del municipio de Agustín Codazzi, por lo que presuntamente, ambas entidades prestaron el servicio de manera simultánea.

Tal como en el caso anterior, al parecer en este también se calculó un exagerado sobrecosto sobre las raciones cobradas y pagadas al consorcio, al comparar los precios PAE de la Gobernación y el municipio, teniendo en cuenta las minutas del convenio que se pactó bajo los mismos valores y menús usados en el departamento. Además, que este se había planeado para focalizarse en cuatro instituciones educativas durante 200 días del periodo escolar del 2015, pero a la postre, terminó siendo ejecutado en 13 colegios en 80 días.

“El exalcalde tuvo injerencia en la presunta irregularidad porque era el ordenador del gasto y estuvo presente tanto en la suscripción, tramitación y liquidación del contrato, así como el secretario de educación estuvo en calidad de supervisor. En este caso se desconocieron los requisitos aplicables que se exigen en materia contractual por tanto aquí no se hizo una selección objetiva, sino que se incumplieron los lineamientos legales establecidos en materia contractual” resaltó el organismo investigativo.