Ashton, a ´cantar´ y reparar ante la JEP
Un año y cuatro meses pasaron desde que el excongresista Álvaro Ashton manifestó su interés de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. La petición fue elevada en marzo en la que expresó su deseo de que el tribunal de paz llevara cuatro de los procesos que tenía en su contra la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Sala de Definiciones Jurídicas solo aceptó tres de ellos.
Ashton, mediante su abogado, pidió pista por delitos concierto para delinquir, por su relación con grupos paramilitares; por cohecho, por lo relacionado conel presunto soborno entregado para ser favorecido en procesos judiciales; por amenazas que habría proferido en contra de un ciudadano privado de la libertad, y los delitos sexuales del escándalo que se suscitó en un hotel de Barranquilla a donde habría llevado menores de edad para sostener relaciones sexuales.
El tribunal de paz acogió competencia para los tres primeros, por lo que el escándalo del cartel de la toga abriría un nuevo capítulo esta vez desde la JEP.
El proceso por sus vínculos con paramilitares relata que entre 2004 y 2006, Ashton Giraldo se reunió con los comandantes del bloque norte de las autodefensas. Dice el expediente que lo que buscaba era recibir apoyo de la organización, “traducido en beneficios burocráticos y políticos en Magdalena y Atlántico para consolidar y asegurar su aspiración al Senado de la República”.
Su aporte a la verdad de este proceso está relacionado con la versión de cómo su sobrino, Fabián Ashton, fue empleado del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), entidad cooptada por el frente José Pablo Díaz de las estructuras paramilitares entre 2004 y 2006.
Sobre el proceso de las irregularidades en el trámite de procesos en la propia Corte Suprema de Justicia se ordenó una investigación porque en su momento Ashton Giraldo con el concurso del entonces magistrado Francisco Javier Ricaurte habría pagado para verse favorecido en expedientes en su contra.
Dice la investigación que a través de Ricaurte y posteriormente por intermedio de Luis Gustavo Moreno (quien años después llegó a la Fiscalía como fiscala anticorrupción) entregó unos 600 millones de pesos para que en el alto tribunal se dilatara el proceso de concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares.
En esas pesquisas se dice que los dineros iban a ser entregados a los magistrados Gustavo Enrique Malo y José Leonidas Bustos.
En los escritos con los que solicitó su comparecencia destacó que contaría los servicios que supuestamente contrató con el entonces abogado Moreno Rivera, hoy condenado en los Estados Unidos.
La JEP en su providencia precisa que estos hechos sí son de su competencia toda vez que los delitos promovidos por el excongresista “se llevó a cabo con elfin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto armado”.
En lo que respecta a las amenazas, la denuncia fue interpuesta por Juan Francisco Segura Gómez quien asegura que Ashton ha proferido intimidaciones en su contra y demandas en su contra por presunto falso testimonio. Segura es uno de los declarantes en contra del excongresista en el delito de concierto para delinquir, por lo que la JEP también es competente para asumir el expediente.
Sobre el escándalo sexual en el que se vio envuelto el excongresista, del que en su momento se dijo que estaban involucradas unas menores de edad, la JEP sentenció que esas conductas no fueron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por lo que no estudiará este caso.
LO QUE PROMETE REPARAR
En el acta de sometimiento que Ashton firmó también presentó un programa de reparación que incluyen brigadas de salud para atención de las víctimas, especialmente del municipio de Soledad. La JEP, sin embargo, le pidió claridad en el tiempo en el que durarán, así como precisión del origen de los recursos para realizar esas jornadas.
Ashton respondió que el presupuesto será destinado por el mismo y son unos 14 millones de pesos para todo el programa que durará unos seis meses.
También refirió que gestionará becas en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud. Para ello anunció que destinará una suma cercana a los 188 millones de pesos para 86 becas, es decir que para cada cupo serán 2.191.860 pesos.
Además, se ofreció como conferencista para, según él, “participar en la reconstrucción del tejido social”.
Planteó la creación de una fundación en la zona de influencia del hospital Materno Infantil para la reintegración de víctimas y victimarios que tendrán como misión evitar detrimentos patrimoniales, deterioro en sus instalaciones y vigilar que no haya fallas en la prestación de los servicios médicos.