Tutelas e impugnaciones se le atraviesan al proceso para elegir rector en la UPC

Por:
Ninoska
Reyes
Urdaneta

Un verdadero enfrentamiento entre procesos jurídicos, tutelas e impugnaciones, ha marcado el proceso de elecciones a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, cuyo cronograma comicial ha sido suspendido en dos oportunidades hasta el punto de designar un rector encargado para garantizar la operatividad del alma máter, por la culminación del periodo de gestión de la autoridad que la presidía.

Los términos estipulados para la designación del rector de la UPC para el periodo 2019-2023, han sido suspendidos por orden del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar.

La primera suspensión fue acatada por el Consejo Superior Universitario, mediante el acuerdo, No. 014 del 28 de mayo de 2019, la cual se hizo efectiva hasta el 10 de junio de este año, cuando este Juzgado, ordenó levantar la medida cautelar decretada, y mediante acuerdo, No. 015 del 13 de junio de 2019, el Consejo Superior Universitario ajustó el calendario electoral sobre el proceso de elección de rector.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cesar, ordenó nuevamente, como medida cautelar, la suspensión de los términos previstos en acuerdo No. 015 del 13 de junio de 2019, calendario para la designación del Rector, suspensión de términos actualmente vigentes y que continuarán hasta tanto el Tribunal Administrativo del Cesar no resuelva de fondo la impugnación del fallo de tutela que fue acatada por el Consejo Superior Universitario mediante acuerdo No 016 de fecha 25 de Junio de 2019.

Ya cuando el camino se veía despejado y solo se estaba a la espera de la orden del Consejo Superior Universitario para reiniciar el cronograma de las elecciones tras un nuevo fallo del 9 de julio de 2019, aparece un nuevo tropiezo y aún el Tribunal de Garantías Electorales no da respuesta.

El abogado Nerio Alvis, veedor de la candidata a la rectoría Darling Guevara, encabeza la nueva petición y presentó ante el Tribunal de Garantías Electorales  una solicitud de pronunciamiento respecto al incumplimiento de una etapa obligatoria por parte de algunos aspirantes a la rectoría de la UPC.

Explicó el jurista, que las universidades tienen por ejercicio del mandato constitucional la facultad, que por autonomía universitaria, de imprimir su propio reglamento. Se gobiernan a través de su CSU, el cual emite acuerdos que estipulan las leyes que reglan las actuaciones al interior de los respectivos recintos.

Para escoger al rector de la UPC, recordó el abogado, existe el acuerdo038 del año 2004, el cual dice en su artículo 9 que una vez que se conforme la lista de inscritos, el CSU fijará una sesión especial para escuchar las propuestas de los aspirantes a ser designados a ser rector y se le dará 20 minutos a cada uno y 15 adicionales para el periodo de preguntas en caso de haberlas.

En tal sentido, esta disposición va precedida por lo que el mismo acuerdo estipula en su segundo artículo sobre las cualidades y requisitos para ser rector; y en el tercero que dice textualmente: “Que cada aspirante deberá presentar ante la Secretaría General de la UPC en el momento de la inscripción la hoja de vida con los respectivos soportes y certificados actualizados sobre antecedentes fiscales, penales,… así mismo deberá presentar la respectiva propuesta programática”.

Alvis reiteró que ambas actuaciones son obligatorias por cuanto dan pie al cumplimento del cronograma que a bien elabora el CSU y que debe ser cumplido con rectitud por parte de los aspirantes en la contienda.

¿PERO QUÉ PASÓ?

Manifestó el abogado que cuando se abrió el calendario electoral del 2019, el CSU reglamenta todas actividades a cumplir. “Como los acuerdos son las  leyes al interior de la universidad, en el acuerdo 01 de febrero de 2019, el cuadro de acciones señala claramente en el lugar 12 que los aspirantes deben divulgar, de manera obligatoria, las propuestas habilitadas a la comunidad universitaria ante el CSU ampliado con participación de los estamentos universitarios.

Inicialmente la presentación pública obligatoria estaba pautada para el 4 de junio de 2019, pero por las tutelas presentadas por tres candidatos se realizó un reajuste al calendario y, mediante el acuerdo 015, el acto se reprogramó para el 19 de junio, fecha en la cual no cumplieron seis de los candidatos admitidos para ese entonces.

Estos aspirantes fueron Carmen Alicia Rivera Medina, Julio Cesar Vega Suárez, Robert Trinidad Romero Ramírez, Luis Alberto Caballero Freyte, Juan Bautista Ochoa Maestre y Jhon Jairo Díaz Carpio.

La presentación ante el CSU solo la hicieron Darling Guevara Gómez, Cesar Galindo Angulo y Emiliano Piedrahita Porras, quienes tenían claridad de que el acto era obligatorio para continuar al paso subsiguiente.

Según señala Alvis, esto quiere decir que los aspirantes que no cumplieron con esta disposición se autoexcluyeron del proceso y no podrán seguir participando en la actividad número 13 del cronograma. “Hasta aquí llegan ellos, y muy hábilmente están queriendo demostrar que el 21 de junio, en la sede de Sabana, explicaron en un acto público sus propuestas. Sí lo hicieron, pero solo frente a los estudiantes y no ante el CSU como ente rector del proceso”.

ESTÁN FALTANDO A LA VERDAD

La próxima actividad pautada en el cronograma electoral no podrán asistir los seis candidatos autoexcluidos. “A ellos el Tribunal de Garantías Electorales deberá sacarlos de la contienda. Quieren alegar que habían pedido la postergación del evento pero eso nunca lo hizo el Consejo Superior Universitario”, dijo.

El jurista afirmó además estar sorprendido de los actos de torpeza al que han incurrido esos candidatos. “Volvemos a sostener que el incumplimiento de la actividad 12 del cronograma es lo mismo que la falta de presentación de un  documento en el momento de la inscripción, son actividades necesarias e inevitables en este proceso. Esto no es descabellado, es totalmente apegado a la ley y ellos no pueden pretender que irrespetar un cronograma pase por alto”.

Ante este conflicto, el abogado está a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC. En caso de no obtener una respuesta favorable “apelaremos ante el CSU, y de lo contrario, nos iríamos por vía de tutela para lograr el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Valledupar”.

Explicó que este proceso no paraliza las elecciones, ya que hay tres candidatos en la carrera y el Tribunal de Garantías solo debe excluir a los seis aspirantes en cuestión.

“Si el CSU, a pesar de la advertencia jurídica que hemos hecho, escoge a uno de los autoexcluidos, estarían actuando contrario a derecho y cometiendo una falta gravísima a título de dolo, y a nivel del derecho penal estarían cometiendo un delito que se llama prevaricato. Tenemos todo el fundamento jurídico para demostrar que estamos sobre la verdad”.

ESTRATEGIA DESCABELLADA Y SIN SENTIDO

Ante esta situación, los candidatos cuestionados aseguran que la solicitud del abogado de la candidata Guevara es descabellada y está fuera de lugar. Carece de sentido y no está apegada a las leyes y reglamentos de la universidad.

Jhon Jairo Díaz Carpio, candidato a la rectoría de la UPC, manifestó que el abogado que está solicitando la exclusión desconoce el contexto de la situación, por cuanto no asistió al foro realizado el 21 de junio.

“Es una solicitud improcedente. La norma que él alegano dice que tiene que hacerse una presentación de las propuestas y la asistencia no es obligatoria para los candidatos, pero todos asistimos. La norma además dice que el espacio debe ser de alta participación estamentaria y el evento fue en Hurtado un miércoles sin moto y la presencia de alumnos y docentes era muy escasa. Hay que recordarle al abogado que la exclusión de candidatos no es una facultad del Tribunal de Garantías Electorales ni del CSU, ya que el único que puede hacer algún reparo es la jurisdicción contenciosa”.

Díaz Carpio anunció que se está considerando denunciar a NerioAlvis disciplinariamente ante el Consejo Superior de la Judicatura por el indebido ejercicio de la profesión y por presentar peticiones improcedentes.

Por su parte, Carmen Alicia Rivero, explicó que el abogado miente al afirmar que los candidatos no asistieron al foro de presentación de la propuesta el 19 de junio. “Asistimos  todos y firmamos una carta para el presidente del CSU en la cual se le solicitó la suspensión del evento porque no habían condiciones para desarrollarlo”.

De allí se fijó la fecha del 21 de junio y eso está en acta, por lo tanto los candidatos cumplieron con lo establecido en la norma.

“Esta petición de autoexcluirnos es una estrategia que han querido manejar para desinformar. Otra cosa es que no sabemos a cuál calendario electoral se refiere el abogado, ya que hasta el momento está suspendido por las querellas jurídicas presentadas”, dijo la candidata.

Rivero ratificó que todos los aspirantes si asistieron al foro del 21 de junio y es demostrable. Esta petición es simplemente una estrategia para desvirtuar el proceso y no tendrá resultados.

Rober Romero, también candidato a la rectoría de la UPC, agregó que la petición está fuera del marco de la legalidad. “Es una solicitud descabellada y sin fundamento porque los candidatos hemos cumplido con la legalidad en el proceso y eso está asentado en las actas”.

En estos momentos se espera por la decisión del CSU para retomar el calendario electoral, cuyo único ente rector es el Tribunal de Garantías.

El equipo del DIARIO DEL CESAR insistió en establecer comunicación con Orlando Seaones, presidente del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, y fue imposible obtener su apreciación al respecto, y cuál sería el paso a seguir ante esta nueva solicitud.