Diario del Cesar
Defiende la región

Doble instancia, Ley con nombre propio: Andrés Felipe Arias

266

Con la propuesta del Centro Democrático de establecer  una segunda instancia para los funcionarios con fuero (reforma que beneficiaría al exministro Andrés Felipe Arias, extraditado de Estados Unidos y recluido en la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá) se ha planteado un intenso debate sobre si esta iniciativa sería viable jurídicamente y conveniente.

Son varios los factores a tener en cuenta. El más importante, si esta reforma podría ser retroactiva, y de ser así cuántos recursos humanos y físicos serían necesarios para llevarla a cabo, si provocaría congestión en la rama judicial y si vale la pena el desgaste legislativo que se requeriría para su aprobación teniendo en cuenta  que podría ser rechazada por la Corte Constitucional. Esos son solo algunas de las cuestiones que se han de resolver antes de que el país se vea inmerso en esta nueva propuesta jurídica.

Hay quienes apoyan que el tema se haga retroactivo y abierto desde cualquier fecha, es decir que no contemple un mínimo de tiempo. Bajo ese panorama, se podrían presentar casos aún desde 1991. Las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia son abrumadoras ya que en un análisis que hicieron del tema desde ese año a la fecha hay por lo menos 232 condenados con fuero y en única instancia.

En el listado de aforados constitucionales figuran nombres como Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación; María del Pilar Hurtado, culpable por el tema de las chuzadas; Lucas Segundo Gnecco, procesado por corrupción; Vicente Blel, responsable de nexos con grupos paramilitares, y el propio Andrés Felipe Arias, por las irregularidades en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro y que le valieron una pena de 17 años de cárcel.

Una pena similar en años que también le impuso, en única instancia, el entonces procurador Alejandro Ordóñez por tres cargos por delitos contra la administración pública. El Ministerio Público le impuso 16 años.

Este nuevo cúmulo de procesos podría ser una carga para la Rama Judicial que ya de por sí enfrenta dificultades económicas e implementar una nueva sala con sus magistrados titulares y auxiliares implicaría un esfuerzo adicional en cuestiones de dinero y, en consecuencia, aumentaría la congestión judicial.

UN CAOS SIN PRECEDENTES

Hace cuatro días, voces del Centro Democrático como la de la senadora Paloma Valencia y la del senador Edward Rodríguez, anunciaron que ese partido prepara un proyecto de ley que radicará en ante el Congreso próximamente, para lograr que la doble instancia para aforados se aplique de manera retroactiva.

La propuesta, aunque favorecería al exministro condenado por el caso Agro Ingreso Seguro, crearía un caos sin precedentes en el país. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, actualmente hay en el Congreso 8 senadores y 6 representantes que son “herederos” de la parapolítica y que, junto a otros corporados, tendrían que declararse impedidos para la votación del proyecto, lo que podría generar un cuello de botella de dimensiones iguales o superiores al que ocasionó el debate de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y retrasaría la nueva legislatura en el debate de temas trascendentales para el país, como la Reforma Política, los proyectos anticorrupción y la Reforma a la Justicia.

Además, la Justicia ya falló desde 1991 hasta 2018 en los casos de por lo menos 250 aforados, entre ellos, un exgobernador y 58 excongresistas por parapolítica, un excongresista por el caso Odebrecht, y un exgobernador por el Cartel de la Toga. Todos ellos podrían pedir la revisión de sus sentencias.