Las estadísticas sobre la accidentalidad en Colombia además de ser dramáticas y preocupantes, se han convertido en un asunto de seguridad nacional. El año pasado perdieron la vida en las carreteras de la Nación más de 5.500 personas. Es decir, más de 600 víctimas por encima de la meta inicial. Cada año nos proponemos reducir el alto índice de accidentalidad, pero nada que se logra.
Las autoridades han venido implementando nuevos planes para combatir esa trágica situación, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el sancionatorio. Por igual, el marco normativo se viene ajustando sabido que, lamentablemente, la corrupción y la informalidad se han enquistado en muchas instancias del sector, lo que incremente la inseguridad vial por obvias razones.
Entre esas medidas, precisamente, está la anunciada por el Ministerio de Transporte en torno a que para erradicar la corrupción en la expedición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y garantizar la atención médica de las personas que resulten heridas en los siniestros, como es que desde el 1 de enero ese documento es digital. La adquisición del seguro sigue rigiéndose por los mismos estándares tarifarios y requisitos, con la única diferencia de que ahora la póliza se expedirá de forma virtual. De esta forma, el propietario o conductor del vehículo la recibirá en su correo electrónico y la podrá portar en cualquier medio electrónico como una tableta o, más fácil aún, en su teléfono celular inteligente. Incluso, podrá imprimirlo ya que las autoridades viales tienen lectores de código de barras digital o QR, y allí podrán verificar su autenticidad rápidamente.
Es un avance clave en la lucha contra la ilegalidad en este seguro, ya que si bien casi ocho millones de vehículos en Colombia se encuentran amparados, se calcula que la evasión es del 42 por ciento, lo que significaría más de 5,7 millones de automotores sin SOAT, equivalentes a más de 2,6 billones de pesos. Un hecho grave no solo porque los conductores, pasajeros y terceros heridos o muertos en accidentes no tendrían cobertura, sino porque parte de los recursos pagados por cada vehículo van al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y a la propia Agencia de Seguridad Vial.
Como se dijo, lo más importante es combatir la ilegalidad y el incumplimiento de las normas de tránsito. Por ejemplo, hace un año tuvo mucho eco un reporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte según el cual la evasión en la revisión técnico-mecánica a que deben someterse los automotores fue del 54 por ciento. Las estadísticas de la entidad evidenciaron que de 13,5 millones de vehículos que conformaban el parqueautomotor nacional, 10,9 estaban obligados a presentar la revisión, de los cuales 5,9 millones no fueron llevados a ninguno de los 421 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para evaluar su estado técnico-mecánico. Frente a esta anomalía grave también se han tomado nuevas medidas para disminuir el porcentaje de incumplimiento, más aún porque en muchos de los accidentes en las carreteras una de las principales causas tiene que ver con daños mecánicos en los vehículos o deficiente mantenimiento.
Vistas las cifras de víctimas mortales en las vías, es urgente seguir atacando este flagelo por todos los flancos posibles. No hay que ahorrar esfuerzo ni medida preventiva o sancionatoria que esté destinada a erradicar las tragedias en las carreteras. Una meta muchas veces repetida pero, lamentablemente, también muchas veces incumplida. La idea es que ahora sea diferente.