Familias campesinas del sur de Valledupar denuncian amenazas
El miedo y la incertidumbre se han apoderado de unas 77 familias campesinas que habitan en la finca La Alquería, un predio que les entregó el Estado hace medio año y donde hoy denuncian amenazas, intimidaciones y presiones para que abandonen las tierras.
La situación pone en cuestión el proceso por el cual consiguieron esas tierras, la reforma agraria implementada por el anterior Gobierno, con base en el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Al líder de nuestra organización le hicieron llegar unas bolsas mortuorias a la casa de sus hijas”, relata a ‘Efe’ Salvador Lara Hernández, vocero de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, al describir las intimidaciones que, según denuncia, afrontan los dirigentes y las familias asentadas en este espacio.
La Alquería es una finca de 466 hectáreas situada en la zona rural de Valledupar, Cesar, y de acuerdo con el senador Iván Cepeda, “su pasado está ligado a Hugues Rodríguez, un antiguo jefe paramilitar que se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos”.
Para Mayelis Mendoza, fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, la preocupación se manifiesta en situaciones cotidianas porque personas a las que identifican como trabajadores de los antiguos ocupantes les advierten que no siembren porque la finca sigue perteneciendo a Rodríguez y “tendrán que devolverla”.
Mendoza denuncia que esas personas también cortan el alambrado que delimita las parcelas, lo que permite el ingreso del ganado y ocasiona daños en los cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano.
Entretanto, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, asegura que han recibido mensajes en los que les piden que no inviertan ni trabajen la tierra, porque “pueden perder lo que produzcan cuando la finca vuelva a manos de su antiguo propietario”.
“No queremos que un predio que fue entregado para resarcir a las víctimas vuelva nuevamente a manos de los victimarios”, sostiene Carrillo a ‘Efe’.
Explica que estas advertencias generan temor entre las familias que llegaron al lugar con la expectativa de construir un proyecto de vida en el campo.
Las denuncias contrastan con la ilusión que significó para las familias recibir este predio después de más de una década de reclamaciones, en una diligencia realizada en mayo pasado por el Gobierno Petro.
Para Mendoza, la entrega representó “la oportunidad de trabajar por cuenta propia y construir un futuro para sus hogares”, una expectativa que ahora siente amenazada.
