Las dificultades que atraviesa el transporte público colectivo de Valledupar llegaron a la agenda de la Procuraduría General de la Nación, que participó en una mesa de trabajo con diferentes entidades y representantes de sectores económicos para revisar las condiciones de operación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA) y promover acciones que permitan mejorar el servicio.
En la reunión participaron delegados del SIVA, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Valledupar, el área metropolitana y el gremio de comerciantes, entre otros actores. El encuentro tuvo como propósito articular esfuerzos institucionales frente a las dificultades que afectan la movilidad de los usuarios y la prestación del servicio.
La intervención del Ministerio Público se produce por la reducción de la flota disponible y los problemas mecánicos de los vehículos. De los 130 buses que llegaron a Valledupar en diciembre de 2022, apenas 57 se encuentran operando, mientras que los otros 73 permanecen fuera de servicio por fallas mecánicas.
El SIVA puso en marcha un proceso para adquirir repuestos por $2.618 millones, destinados a intentar recuperar los 73 buses que funcionan con gas natural y permanecen en los patios fuera de operación.
La entidad asumirá directamente la compra de las piezas necesarias para las reparaciones, mientras que el operador Movivalle tendrá a su cargo la mano de obra. Sin embargo, los recursos destinados a esta adquisición no representarían un gasto definitivo para el SIVA, debido a que, según los documentos del proceso contractual, el valor será descontado progresivamente de los ingresos futuros del operador.
Los estudios proyectaban una demanda de 34.800 pasajeros diarios; sin embargo, actualmente los buses verdes transportan alrededor de 4.257 usuarios al día. Es decir, el sistema moviliza apenas una fracción de los pasajeros que se estimaba captar cuando fue concebido.
A las dificultades operativas y la baja demanda se suma la necesidad de mantener el sistema con recursos públicos. Entre 2025 y 2026, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar inyectaron $24.540 millones mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), mecanismo creado para cubrir parte de la diferencia entre lo que paga el usuario y el costo real de la operación.
Actualmente, mientras cada pasajero cancela $3.300 por el pasaje, transportar a una persona cuesta más de $6.000, según las cifras conocidas.