Cambio de operadores paraliza los 50 CDI en el Cesar
La atención a la primera infancia en el Cesar enfrenta una interrupción que mantiene en incertidumbre a numerosas familias. Desde el pasado 31 de octubre, los 50 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en el departamento dejaron de prestar sus servicios, en medio de un proceso de reorganización contractual que contempla el reemplazo de varios operadores por decisión del Gobierno nacional.
En Valledupar, por testimonio de algunas madres cuidadores, quienes prefieren no identificarse por temor a represalias, 18 CDI en la ciudad permanecen cerrados. La suspensión del servicio coincide con la finalización de los contratos y el proceso de selección de las organizaciones que asumirán la atención de los menores en los diferentes municipios.
El panorama no es exclusivo de la capital del Cesar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) organizó el departamento en cuatro zonas para efectos de la operación: Valledupar 2, Aguachica, Agustín Codazzi y Chiriguaná. En esta última etapa de contratación también se contempla un cambio de operador en Aguachica, mientras que en otros municipios la decisión ha generado inconformidad entre las comunidades.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Astrea, donde padres de familia realizaron manifestaciones para solicitar que se mantenga el operador que durante más de tres décadas ha estado a cargo de la prestación del servicio.
“Desde la semana pasada nuestros hijos están sin atención. En mi caso, que trabajo como comerciante en el centro de l ciudad, me toca llevarme a mi hijo de 4 años por no tener con quien dejarlo en casa. Asimismo, nos informaron que los mercados que aporta el Icbf en temporada de vacaciones, tampoco estarán disponibles”, dijo Diana Olivella Duarte, madre de familia afectada.
ICBF DEFIENDE LA CONTRATACIÓN
Frente a los cuestionamientos y las manifestaciones registradas en distintas regiones, el ICBF emitió un comunicado en el que defendió sus facultades para seleccionar a las entidades encargadas de administrar los servicios de atención a la primera infancia.
La institución precisó que las madres comunitarias y las organizaciones sindicales no tienen atribuciones para intervenir en las decisiones de contratación ni para determinar qué operadores deben continuar prestando el servicio.
“Ni las madres comunitarias ni los sindicatos son coadministradores del ICBF. La interlocución y la participación no les otorgan la facultad de escoger operadores, exigir su permanencia o vetar las decisiones de contratación”, sostuvo la entidad.
La controversia también gira alrededor de la procedencia de las organizaciones seleccionadas. En ese sentido, el Instituto aclaró que contratar operadores de departamentos diferentes a aquellos donde prestarán sus servicios no constituye, por sí mismo, una irregularidad ni significa que exista un perjuicio para las comunidades.
Según la entidad, la selección debe fundamentarse en la idoneidad de las organizaciones, su capacidad operativa, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que puedan garantizar una atención adecuada a los niños.
Incluso, el organismo consideró que recurrir a operadores externos puede contribuir a evitar conflictos de intereses, favorecimientos o presiones de grupos locales sobre las decisiones institucionales.
El proceso de reorganización de los operadores coincide con la llegada de Danny Alberto Franco a la dirección regional del ICBF en el Cesar, cargo para el que fue designado a mediados de octubre.
El funcionario permanecerá al frente de la entidad hasta el próximo año, luego de que el Gobierno nacional suspendiera el concurso previsto para la selección de un director en propiedad.