Procuraduría pone la ‘lupa’ sobre remate de bienes del municipio
Una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Valledupar, abrió la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de esclarecer presuntas irregularidades en el procedimiento de comercialización de 33 bienes muebles de propiedad del municipio, que habrían sido vendidos por aproximadamente 31 millones de pesos.
La actuación disciplinaria está relacionada con el proceso SAEB-SGR-001-2026, mediante el cual la administración municipal adelantó la negociación de diferentes activos, entre ellos vehículos oficiales, motocicletas y maquinaria. El Ministerio Público busca establecer si los precios fijados correspondían al valor real de los bienes, así como verificar los avalúos que sirvieron de soporte y las autorizaciones requeridas para concretar las operaciones.
La indagación se originó luego de que medios de comunicación locales dieran a conocer el valor por el cual habrían sido comercializados los 33 activos, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio público.
Entre los bienes incluidos en el lote figuraban excavadoras, motoniveladoras, vibrocompactadores, 15 motocicletas y varias camionetas oficiales de marcas Nissan y Toyota. Uno de los casos que despertó mayor atención fue el de una camioneta Toyota Prado, modelo 2013, cuyo precio de venta habría sido de apenas 2 millones 500 mil pesos, según los valores divulgados por el exconcejal Jhon Carpio.
La Procuraduría pretende identificar a los servidores públicos que pudieron intervenir en las distintas etapas del procedimiento y determinar si sus actuaciones constituyen una falta disciplinaria.
El caso también está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, que habría iniciado una investigación penal por los mismos hechos, con el fin de establecer si durante la enajenación de los bienes municipales se presentaron conductas que puedan tener relevancia delictiva.
El desarrollo de las investigaciones permitirán establecer si hubo irregularidades y si la venta de los activos ocasionó un eventual detrimento al patrimonio del municipio.