Con pequeños ajustes, la Ley se mantiene casi intacta
Iván Cancino, ministro de Justicia.
Con modificaciones en las condiciones para acceder a beneficios judiciales, mayores exigencias para verificar la identidad de los integrantes de las organizaciones armadas y nuevas disposiciones para la reparación de las víctimas, quedó el articulado del proyecto de ley de sometimiento, aprobado el pasado miércoles 21 de octubre por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan individual o colectivamente a la justicia, entreguen las armas, aporten información sobre sus estructuras y economías ilícitas y contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas.
Luego de algunas modificaciones, así quedó articulada la ley:
Tal como se había establecido inicialmente, el texto aprobado contempla una rebaja general del 50% de la pena acumulada para quienes contribuyan a la verdad y a la reparación. Sin embargo, para quienes hayan ejercido funciones de mando, la reducción será del 30%.
La iniciativa establece restricciones adicionales para los mandos de estructuras que hayan reclutado menores de edad durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia de la ley. En esos casos, la rebaja no podrá superar el 10% para quienes hayan tenido funciones de mando ni el 30% para los demás integrantes.
Además, se fijó un mínimo de diez años de prisión efectiva, después de aplicar las rebajas, para quienes hayan tenido un papel determinante en el reclutamiento de menores.
En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación podrá acordar su aplicación con quienes cumplan las condiciones legales, y el juez deberá acoger lo acordado, salvo que encuentre una vulneración de garantías fundamentales.
Entre los requisitos para permanecer en el proceso están la participación genuina, la colaboración eficaz, el aporte de verdad plena, el reconocimiento de responsabilidad, el compromiso de no volver a delinquir, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la entrega efectiva de bienes y activos y la realización de trabajos restaurativos.
El proyecto también contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidas las cuatro quintas partes de la pena. Ese plazo podría reducirse a las dos quintas partes cuando exista un aporte extraordinario de información sobre personas desaparecidas o sobre nexos políticos y redes de corrupción relacionadas con las organizaciones sometidas.
Para quienes no hayan ejercido funciones de mando y sean condenados únicamente por determinados delitos, como concierto para delinquir, uso de uniformes o insignias y porte ilegal de armas, se prevé la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena después de un año de ejecución.
En los casos de colaboradores vinculados con delitos financieros, como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, el plazo será de tres años y estará condicionado a la entrega total de los activos.
El texto también establece que los menores de 18 años no podrán integrar esas listas y deberán ser entregados de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en reconocimiento de su condición de víctimas.
Tampoco podrán ingresar automáticamente personas que hayan recibido beneficios de otros mecanismos de desmovilización, salvo en las condiciones previstas para hechos posteriores a su desmovilización y sin acumulación de beneficios.
La inclusión deliberada de personas que no pertenezcan a la estructura podrá ocasionar su exclusión, la pérdida de beneficios para quien haya certificado la lista y las acciones penales correspondientes.
Luego de ser incorporadas, las organizaciones asumen la obligación de cesar las actividades ilícitas, incluida la minería ilegal; entregar maquinaria e insumos relacionados con esas actividades; suministrar información sobre las fuentes de financiación, las redes de apoyo y los colaboradores de las estructuras; y proporcionar coordenadas de zonas contaminadas con minas antipersonal y otros artefactos explosivos.