Ataques sistemáticos al Inpec
La violencia en Colombia suele anestesiarnos, pero hay hechos que deben sacudirnos hasta la indignación más profunda. El brutal asesinato de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), perpetrado esta semana, no es un incidente aislado ni un trágico azar: es un ataque directo y frontal contra el Estado de derecho, la institucionalidad y la vida misma de quienes día a día enfrentan el rostro más oscuro de la criminalidad desde el interior de nuestras prisiones.
Desde estas líneas condenamos categórica, vehemente y sin matices este acto cobarde. Ningún motivo, ninguna causa y ningún reclamo justifica la ejecución sistemática de hombres y mujeres cuyo único “delito” ha sido cumplir con su deber constitucional. Cuando las estructuras criminales deciden silenciar guardianes y administrativos del sistema penitenciario, el mensaje que pretenden enviar es alarmante: buscan infundir terror, doblegar las autoridades, presionar al gobierno para detener el traslado de capos, detener operativos y demostrar que su poder delictivo trasciende los barrotes de las cárceles.
Sin embargo, el peligro más grande no radica en la audacia de los sicarios o en la frialdad de las bandas criminales organizadas. El mayor riesgo es nuestro propio silencio, pues la sociedad colombiana no puede resignarse a normalizar el homicidio de sus servidores públicos. Aceptar estos crímenes con un encogimiento de hombros equivale a cederle el territorio y la moral a las mafias que pretenden gobernar desde la sombra.
Por eso se hace imperioso un pronunciamiento ciudadano firme, masivo y contundente. La ciudadanía debe ponerse de pie y rechazar a las organizaciones criminales responsables de esta barbarie. Es momento de rodear las familias de las víctimas, de solidarizarnos con los trabajadores del Inpec que hoy ejercen sus labores bajo la sombra del miedo, y dejar claro que la sociedad civil no permitirá que la barbarie dicte el destino del país. El repudio no puede quedarse en el murmullo de las redes sociales; debe transformarse en una exigencia pública por el respeto a la vida y la ley; esta tragedia exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades.
Demandamos pronta y verdadera justicia, las investigaciones no pueden diluirse en expedientes o en promesas burocráticas. La Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía, y el Gobierno Nacional deben actuar con la máxima celeridad para identificar, capturar y judicializar no solo a los autores materiales de ese vil atentado, sino también a los determinadores intelectuales que ordenaron el ataque. Permitir que estos homicidios se queden en la impunidad enviaría una señal devastadora de debilidad institucional.
La justicia debe ser pronta, severa y transparente. Solo así rescataremos la confianza en el Estado y le demostraremos a la delincuencia que la vida de nuestros funcionarios es sagrada; y que la ley siempre estará por encima del crimen.
*Exdirector de la Policía Nacional