La Superintendencia Nacional de Salud ratificó provisionalmente a Lina María de Armas Daza como agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, luego de dar cumplimiento a una orden judicial que suspendió los efectos de su remoción y la designación de su reemplazo.
La decisión quedó consignada en la Resolución 2026420000009674-6 del 14 de octubre de 2026, mediante la cual el organismo de control acató una medida provisional dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, en el marco de una acción de tutela presentada por De Armas contra la Supersalud.
El documento establece la suspensión provisional de los artículos primero y segundo de la Resolución 2026420000009555-6 del 7 de octubre de 2026, mediante la cual se había ordenado la salida de la funcionaria y la designación de Víctor Augusto Pedraza López en su reemplazo.
Así las cosas, Lina de Armas continúa como única representante legal de la Empresa Social del Estado, mientras el despacho judicial adopta una decisión de fondo sobre la tutela.
UNA TUTELA FRENÓ SU SALIDA
La controversia comenzó el 7 de octubre, cuando la Supersalud ordenó la remoción de De Armas y designó a Pedraza López como nuevo agente especial interventor del centro asistencial.
Ante esa determinación, la funcionaria acudió a la justicia mediante una acción de tutela en la que alegó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar concedió una medida provisional mediante auto del 9 de octubre, con la que ordenó suspender los efectos de la remoción y del nombramiento de su reemplazo hasta que se profiera sentencia o se modifique la medida mediante una decisión motivada.
La resolución expedida el 14 de octubre formalizó el cumplimiento de esa orden por parte de la Superintendencia.
La decisión judicial no pone fin a la intervención forzosa administrativa del Hospital Rosario Pumarejo de López. Según la resolución, esta medida continuará vigente y la Supersalud mantendrá sus labores de seguimiento y monitoreo.
El documento también dispone que Víctor Augusto Pedraza López debe garantizar un empalme coordinado con Lina de Armas, de manera que ella ejerza como única representante legal de la institución, en cumplimiento de la orden judicial. El propósito es asegurar la continuidad de los servicios de salud, la protección de los recursos públicos y la estabilidad institucional.
La intervención del hospital fue prorrogada por el Gobierno nacional hasta el 14 de enero de 2027.