“Hay una estrategia de asfixia económica para la JEP”, Ramelli
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que existe “una estrategia de asfixia económica”, que calificó como el ataque más grave que ha enfrentado el tribunal contra su independencia y autonomía, tras las recientes iniciativas para reducir el presupuesto de la Jurisdicción.
Las declaraciones fueron entregadas durante la rendición de cuentas de la JEP para la vigencia 2026, luego de que el senador Enrique Gómez Martínez propusiera trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción al Consejo Superior de la Judicatura, iniciativa que recibió el respaldo público del presidente, Abelardo de la Espriella.
Según Ramelli, ese recorte se sumaría a una desfinanciación acumulada de $84.000 millones y afectaría directamente recursos destinados a la operación de la Jurisdicción.
“De concretarse una reducción de 100.000 millones de pesos, las consecuencias operativas y humanas para este componente de justicia son profundas, inmediatas e irreversibles”, afirmó.
“La JEP reconoce la crisis fiscal de la rama judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una jurisdicción transicional poniendo en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica a los comparecientes”, agregó.
Ramelli también se refirió a la reforma constitucional que se tramita en la Comisión Primera del Senado y que busca establecer una revisión judicial automática, a cargo de la justicia penal militar, de las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.
El magistrado cuestionó que esta iniciativa se impulse mientras la Jurisdicción avanza en investigaciones contra antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública por graves violaciones de derechos humanos.
“Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la justicia penal militar constituyen el más grave ataque que hemos sufrido contra nuestra independencia y autonomía”, afirmó.
El magistrado también cuestionó que las medidas puedan terminar afectando los compromisos asumidos por el Estado colombiano con el Acuerdo de Paz y con organismos internacionales.
Recordó que el Acuerdo Final de Paz fue depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 2261. Según Ramelli, ese compromiso obliga al Estado a garantizar de manera oportuna y suficiente el funcionamiento de la JEP.
A lo que agregó que el Estado está obligado a garantizar la autonomía administrativa y la suficiencia y autonomía presupuestal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
“Están desconociendo también la sentencia de la Corte Constitucional. Aquí están desconociendo todo. Los compromisos internacionales, la Constitución, las sentencias, el Acuerdo de Paz”, afirmó.
Ante este escenario, Ramelli anunció que la JEP pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
“La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para nuestra operación”, manifestó.
/colprensa