El fuerte regaño a Juliana Guerrero de juez que la condenó tras aceptar delito de fraude procesal en diplomas falsos: ‘No fue un simple error’
El juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Guerrero por el delito de falsedad ideológica en documento público.
El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Juliana Andrea Guerrero Jiménez a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, tras avalar el preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación por el delito de fraude procesal relacionado con la presentación de títulos fraudulentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La decisión también contempla una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante dos años y medio. Sin embargo, el juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de acuerdo con lo establecido en la providencia.
Las declaraciones del juez contra Juliana Guerrero tras la confesión
Durante la audiencia, el juez se refirió a la responsabilidad de Guerrero y cuestionó el argumento de que lo ocurrido pudiera entenderse como un error.
Según explicó, la entonces aspirante tenía conocimiento suficiente para comprender las consecuencias de sus actuaciones y podía actuar de una manera diferente.
“No es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error, nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico”, señaló el juez, al explicar que Guerrero debía conocer la obligación de presentar documentación real al participar en una convocatoria para un cargo público.
El funcionario judicial también destacó la naturaleza del puesto al que aspiraba la entonces joven de 23 años y sostuvo que no se trataba de una persona sin conocimiento sobre el funcionamiento de la administración pública.
En ese sentido, señaló que los documentos fueron entregados para buscar el nombramiento como viceministra del Ministerio de la Juventud.
“Nótese que no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública. Estamos hablando de una persona que estaba entregando estos documentos para ser nombrada viceministra del Ministerio de la Juventud, un cargo que implica la mayor responsabilidad no sólo con el Estado, sino con la juventud de este país”, subrayó.
Durante su argumentación, también hizo referencia al tiempo que otras personas deben invertir para obtener títulos académicos y cumplir los requisitos exigidos para ejercer determinadas funciones. En ese contexto, cuestionó que mediante los documentos utilizados en este caso se hubiera pretendido omitir ese proceso.
“Han tenido que pasar 5, 7, 10, 15 años en una universidad para obtener un título, cosa que en este caso se quiso saltar desconociendo cuál es el actuar jurídicamente exigible a una persona”, afirmó, agregando que “muchos de los que estamos acá sentados hoy tuvieron que pasar por 10.000 vicisitudes para tener el cartón o el diploma que hoy tienen”.
Para el despacho, además, en el análisis de la culpabilidad debía establecerse si la persona comprendía que su conducta era contraria a la ley. Al respecto, el juez explicó que la naturaleza de los documentos y del procedimiento en el que fueron utilizados permitía establecer esa conciencia.
“Es de recordar que en la culpabilidad se debe verificar la conciencia de antijuridicidad de la conducta”, señaló el funcionario judicial, quien apuntó que, en su consideración, cualquier persona podía entender que los documentos utilizados para demostrar el cumplimiento de un requisito dentro de una convocatoria pública debían corresponder con la realidad.
“Para cualquier persona es plenamente comprensible y entendible que cuando uno debe acreditar una categoría o un requisito en una convocatoria pública y más para un cargo de viceministro, los documentos que debe entregar sean reales y atienden a la realidad de las situaciones”, sostuvo.
La decisión se produjo después de que Guerrero reconociera públicamente su responsabilidad. En su intervención, la joven aseguró que había guardado silencio durante el proceso y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido.
“Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, expresó.
Guerrero también pidió perdón a su familia, a quienes confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraron un referente y a integrantes de la Fundación San José. Además, afirmó que su intención no había sido causar daño al Estado o al país, aunque reconoció que esa consideración no eliminaba su responsabilidad.
“Soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, manifestó, antes de señalar que esperaba que su historia no fuera recordada únicamente por lo ocurrido, sino también por haber reconocido lo sucedido, aprender de ello y comenzar de nuevo.
La confesión se produjo en el marco del preacuerdo celebrado con la Fiscalía, mediante el cual Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal a cambio de una rebaja de pena. En una audiencia anterior, la entonces aspirante había sido señalada por la presentación de títulos fraudulentos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y ante el Ministerio de la Igualdad.
El caso había comenzado a ser investigado después de denuncias de la entonces representante a la Cámara Jennifer Pedraza y de investigaciones periodísticas sobre los títulos que Guerrero presentó para aspirar a la viceministra de Juventudes. Entre los elementos señalados en el proceso estuvieron la ausencia de registro de matrícula, estudios o grado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y la confirmación del Icfes de que Guerrero no presentó la prueba Saber Pro.
Tras conocer la confesión y la decisión judicial, Pedraza se pronunció en su cuenta de X. La senadora sostuvo que la aceptación de responsabilidad correspondía con las denuncias que había realizado durante el último año y cuestionó si las consecuencias impuestas eran suficientes.
“Tras un año de nuestras denuncias políticas y ante la justicia Juliana Guerrero confiesa lo que siempre dijimos: que es una delincuente”, escribió Pedraza. Luego señaló que Guerrero sería condenada a tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y dos años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
“¿Es suficiente? Creo que no. Pero en un país lleno de impunidad, celebro que denunciar sí sirvió”, agregó la congresista en su publicación.
La sentencia también contempla otra actuación judicial. El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue a Guerrero por el delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora, derivado de los diplomas que presentó ante el SIGEP II para aspirar al cargo.
Al finalizar la audiencia, el juez ordenó remitir la actuación al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para su competencia. La decisión quedó notificada a las partes en estrados y contra el fallo procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La condena contra Guerrero se conoce después de que, el 20 de agosto, un juez penal de Bogotá avalara también un preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, relacionado con la expedición de títulos falsos. Gutiérrez aceptó su responsabilidad y recibió una condena de tres años de cárcel y 44 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
/EL TIEMPO