Entre el respaldo y preocupación, recibieron los comerciantes del Cesar la decisión del Gobierno nacional de habilitar nuevamente, bajo las condiciones establecidas en la normativa, el porte legal de armas de fuego en el país.
Para sectores como el comercio y las tiendas de barrio, que durante los últimos años han estado expuestos a hurtos, extorsiones, amenazas y otras modalidades de delincuencia, la posibilidad de portar un arma representa una herramienta adicional de protección. Sin embargo, los representantes gremiales consideran que la medida no puede entenderse como la solución al problema de seguridad.
Ricardo Reyes, presidente de Fenalco Cesar, señaló que entre los comerciantes existe una posición dividida frente a la decisión, debido a que el porte de armas puede generar una sensación de protección, pero también conlleva riesgos si no existe preparación suficiente para utilizarlas de manera responsable.
Recordó que durante los periodos en los que estuvo restringido el porte, los comerciantes que cumplían las disposiciones legales se sintieron en desventaja frente a los delincuentes, quienes continuaban utilizando armas de manera ilegal.
Según Reyes, la lucha contra la criminalidad debe mantenerse como una responsabilidad fundamental de las autoridades y la Fuerza Pública. En ese sentido, consideró que cualquier flexibilización del porte debe estar acompañada de acciones contundentes contra las estructuras delincuenciales.
“Había una desventaja frente al comerciante o la persona que trataba de defender su propiedad”, sostuvo al referirse a la situación que, según explicó, enfrentaron ciudadanos que respetaban las restricciones mientras los delincuentes continuaban armados.
PIDEN CAPACITACIÓN
Desde el gremio de tenderos, Fernando Barboza, también manifestó estar de acuerdo con la posibilidad de que los comerciantes puedan acceder al porte legal de armas, principalmente por las condiciones de inseguridad que enfrentan en sus establecimientos.
Explicó que los comerciantes han sido víctimas de extorsiones, robos e intimidaciones y que, en algunos casos, se sienten “con las manos atadas” frente a quienes los amenazan.
No obstante, planteó una de las principales preocupaciones del sector: no todas las personas estarían preparadas para portar un arma de fuego.
Por ello, consideró necesario que antes de autorizar el porte se establezcan mecanismos de evaluación y capacitación que permitan determinar si el ciudadano está en condiciones de asumir la responsabilidad que implica tener un arma.
UNA HERRAMIENTA, NO LA SOLUCIÓN
Los representantes gremiales coinciden en que el nuevo escenario no debe conducir a que los comerciantes asuman por cuenta propia la lucha contra la delincuencia.
La prioridad, señalaron, debe continuar siendo el fortalecimiento de la seguridad, la presencia de la Fuerza Pública y las acciones de inteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales que afectan a comerciantes y empresarios.
